La corrupción agrava los grandes problemas del país
Transparency International define la corrupción como “el abuso de un poder encomendado, para un beneficio personal”, y publica anualmente el Índice de la Percepción de la Corrupción, en el que participan 180 países. Los resultados de 2021 muestran que solo el 7% de los países obtuvo una nota por encima de 14 (en una calificación de 0 a 20); solo el 24% presentó una nota aprobatoria; el Perú se ubica en el puesto 105, descalificado con 07 y Venezuela logra una nota de 03.
Sondeos del Barómetro de las Américas encuentran que el 88% de los peruanos sienten que la corrupción es un grave problema. Encuestadoras locales afirman que el 54% de los peruanos considera que nuestro principal problema es la corrupción, seguido por la delincuencia. El costo de vida ocupa la tercera prioridad, a pesar de que la pobreza sigue incrementándose de 30.8% en 2020 a 33% en 2021.
La corrupción es un problema multifacético que ha sido estudiado desde diversas perspectivas. Una aproximación económica estimada por la Contraloría General de la República señala que la corrupción tiene un costo equivalente al 3% del PBI: US$4,000 millones anuales por pérdidas directas, sin contar las pérdidas indirectas. Algunos especialistas afirman que existe una directa relación entre la renta per cápita y la corrupción, por lo que la disminución de los ingresos estaría ligada al aumento de las conductas corruptas; pero el problema parece ser más complejo.
Para llevar a cabo actos como nepotismo, soborno, malversación de fondos públicos, fraude, extorción, entre otras manifestaciones de corrupción, es necesaria una relación de confianza recíproca entre los implicados, y conlleva un riesgo. Diversos estudios sobre este problema han encontrado una correlación entre el riesgo de ser descubierto y el posible castigo, cuya relación es inversamente proporcional a la probabilidad de cometer actos de corrupción; pero afortunadamente no todos se inclinarían hacia la corrupción en estas circunstancias. Está demostrado también que el temor al castigo no representa un freno suficiente contra la corrupción.
Existen elementos culturales que hacen tolerables algunas conductas, y que impiden percibir el nepotismo como un comportamiento corrupto. La reciprocidad, mecanismo de ayuda mutua entre familiares y vecinos de una comunidad, e importante elemento de la identidad en el Perú, hace que se confundan los límites entre la ayuda y el favoritismo, lo que impacta en la meritocracia. Así, muchos funcionarios ingresan al sector público por compadrazgo, sacando de carrera a candidatos más calificados.
La teoría de la “pendiente resbaladiza de las conductas deshonestas” explica cómo estos comportamientos se incrementan de forma gradual, justificándose pequeños actos de corrupción. Un antecedente leve podría incrementar las probabilidades futuras de corrupción al desactivarse los mecanismos de autorregulación moral.
El entorno laboral también influye en el comportamiento de los integrantes de una organización, en la que la moral puede verse alterada, fenómeno descrito por el “modelo de la corrupción colectiva a través de la emoción evocada”. La violación de las reglas por parte de un miembro de la institución produce una ambigüedad moral, atenuando los sentimientos de culpa o vergüenza que deberían ser la norma. Por el contrario, según el modelo de “corrupción colectiva”, los comportamientos fraudulentos se convierten en norma, incrementando el número de burócratas corruptos. Con ello los sentimientos de culpa disminuyen, el temor al descrédito y la pérdida de reputación decrece; aunque sean descubiertos, ya que las conductas corruptas se generalizan y la probabilidad de ser denunciado disminuye, encubriéndose unos a otros. Esta es justamente la realidad que vivimos con el actual gobierno de Pedro Castillo.
Estos comportamientos al interior del aparato estatal se traducen en la disminución de la inversión en sectores poco rentables para la corrupción, como la educación. Paralelamente se produce la pérdida de la confianza en las instituciones políticas, incertidumbre que afecta a las inversiones nacionales e internacionales, entre otros problemas que hoy padecemos.
El desequilibrio moral y pérdida de valores tiene como consecuencia que la corrupción se establezca como norma, trastocando nuestra identidad grupal al convertirse en prácticas predominantes en el tiempo. La presencia de este fenómeno en las instituciones educativas es motivo de gran preocupación por los efectos devastadores a largo plazo. Un sistema universitario corrupto, que admita pequeñas actividades corruptas, será el punto de partida para que el problema se expanda. Las conductas corruptas admitidas se irán extendiendo, desarrollando ciudadanos corruptos para el futuro. Es por ello por lo que, hechos como el plagio de la tesis de Pedro Castillo, avalado por la Universidad César Vallejo, tiene una repercusión tan grave.
