El pleno de Congreso debatirá este viernes las denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) y los exconsejeros Iván Noguera Ramos y Baltazar Morales Parraguez, exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La sesión del pleno fue convocada por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, para las 09:00 horas.
La denuncia constitucional 247, contra el exconsejero Iván Noguera, resuelve acusar a Noguera Ramos por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico, tipificados en los artículos 317 y 395 del Código Penal, en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
La Comisión Permanente aprobó el 22 de enero y 5 de febrero de 2021, la acusación constitucional contra el exconsejero, quién no se presentó a ejercer su defensa a una sesión del pleno convocada para el 12 de febrero.
El informe final de la denuncia constitucional 35, asimismo, pide acusar al exconsejero Baltazar Morales Parraguez por graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución Política y sancionarlo con la inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública.
Esta denuncia constitucional fue aprobada en la Comisión Permanente en la sesión virtual del 1 de marzo de 2021, por mayoría.
Se le atribuye al exconsejero haber facilitado la contratación de un abogado vinculado a su hija como asesor de su despacho en el desactivado CNM, cargos que ha rechazado al momento de asumir su defensa.
Por su parte, la denuncia constitucional 371 pide acusar por antejuicio político al congresista Edgar Arnold Alarcón Tejada, en su condición de excontralor general de la República, por el presunto delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.
La Comisión Permanente aprobó el informe final de esta denuncia constitucional en la sesión virtual del 5 de marzo de 2021.
La denuncia constitucional contra Alarcón fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que lo investiga por el presunto delito de desbalance patrimonial registrado entre junio de 2016 y julio de 2017, periodo en que fue contralor.