- Además se revisará si se cumplen normas sobre promoción y regulación del uso de la bicicleta
La Contraloría General de la República espera concretar la participación de 40,000 estudiantes de instituciones públicas y privadas de secundaria a nivel nacional en las veedurías escolares que se realizarán hasta el 30 de setiembre como parte del programa “Auditores Juveniles”, y que se enfocarán en las materias de “Accesibilidad y Ciclovías”.
La veeduría escolar sobre “Accesibilidad y Ciclovías” tiene por objetivo identificar si las municipalidades promueven y supervisan el cumplimiento de normas de accesibilidad para la persona con discapacidad y personas adultos mayores en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción.
Asimismo, se encargarán de verificar si se vienen cumpliendo las normas sobre la promoción y regulación del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y eficiente en el uso de la capacidad vial y en la preservación del ambiente.
Las veedurías escolares se desarrollan en el marco del convenio de cooperación interinstitucional, suscrito en diciembre de 2019, entre la Contraloría y el Ministerio de Educación, con el objeto de contribuir a fortalecer el ejercicio ciudadano, el compromiso social y la lucha contra la corrupción, en el marco de los documentos curriculares vigentes. Con esta iniciativa se busca aportar al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.
En el actual escenario de pandemia, las veedurías escolares se realizan de manera virtual, y están dirigidas a estudiantes de primero a quinto nivel de secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas, contando con el apoyo de los padres de familias.
Por su parte, el objetivo del Programa “Auditores Juveniles” de la Contraloría es promover valores éticos, cívicos e impulsar una cultura democrática y de integridad en las y los estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional; a fin de contribuir al fortalecimiento del control social y fomentar el buen uso de los bienes y servicios públicos, como una medida preventiva en la lucha contra la corrupción.
