Pleno del Congreso votó a favor de iniciativa
La Contraloría General de la República saludó la aprobación, por parte del pleno del Congreso, de un proyecto de ley que expande el control concurrente que viene aplicando a nivel nacional.
A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, expresan su confianza en la pronta promulgación de la ley, puesto que esta contribuirá a concretar “de manera más efectiva las principales obras e intervenciones publicas a cargo del estado, luchando a la vez contra la corrupción y la inconducta funcional”.
“Saludamos la aprobación del pleno del Congreso al proyecto de ley que expande el control concurrente que aplicamos a nivel nacional. Acompañaremos de manera sistemática y multidisciplinaria a los gestores públicos, priorizando un enfoque preventivo en las intervenciones de control gubernamental”, señalan.
En ese sentido, refieren que esta importante iniciativa legislativa permitirá continuar fortaleciendo la labor de la Contraloría en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional en el año donde el Perú celebra el Bicentenario de su Independencia.
“Entre los principales objetivos del control concurrente se encuentran la identificación, tanto en los proyectos de inversión pública e iniciativas de contratación de bienes y servicios, de etapas críticas y momentos claves en donde la Contraloría debe intervenir a fin de alertar oportunamente situaciones que podrían desviar a la entidad de sus objetivos”, sostienen.
Con ello, agregan, permitirá corregir la situación adversa comunicada, a fin de evitar un perjuicio potencial en detrimento de la calidad, costo y tiempo de ejecución de la obra o intervención que finalmente debe beneficiar a ciudadanos y ciudadanas del país.
“Recordemos también que este tipo de control busca evitar la inconducta funcional, siendo esta una herramienta positiva que le sirve a servidores y funcionarios probos a identificar riesgos en los proyectos, bienes y servicios”, aseguran.
Además, el comunicado también precisa que permitirá evitar la paralización de obras, favoreciendo a la población con mejores servicios públicos, porque es menos costoso corregir preventivamente los problemas durante la ejecución de una actividad o proyecto, que identificar posteriormente los errores cometidos.
