En los próximos días, la Corte Suprema decidirá si declara la ilegalidad del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), vinculado a Antauro Humala.
Este lunes 14 de octubre, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema evaluó la solicitud que hizo la Fiscalía de la Nación para que se declare la ilegalidad de dicho partido, además, se ordene la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, el cierre de sus locales partidarios y la inhabilitación de los ciudadanos que integran su cadena de mando.
La solicitud, presentada en julio de 2022 por la Fiscalía de la Nación, argumenta que las actividades de la agrupación política contravienen los principios democráticos, vulnerando derechos fundamentales y promoviendo violencia.
Según la demanda, el partido de Humala llevaría a cabo un programa ideológico basado en el etnocacerismo, una doctrina que ha sido cuestionada por sus posturas radicales y anti-democráticas.
El Ministerio Público también acusa a A.N.T.A.U.R.O. de incitar a actos de violencia contra figuras públicas, como expresidentes, y de promover la exclusión y persecución de minorías, incluyendo la comunidad LGTBIQ+ y los inmigrantes. Ante esto, la Fiscalía solicitó la cancelación de la inscripción del partido en el Registro de Organizaciones Políticas y el cierre de todos sus locales.
A.N.T.A.U.R.O. obtuvo su inscripción en diciembre de 2023 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quedando habilitado para participar en los procesos electorales. Sin embargo, en marzo de 2024, el JNE respondió al Ministerio Público que no tiene competencias para declarar ilegal a un partido por conductas antidemocráticas. En ese sentido, remitió el caso a la Fiscalía de la Nación para que continúe con el proceso legal.
Cabe recordar que Antauro Humala fue condenado a 19 años de prisión por la toma de la comisaría de Andahuaylas en 2005, hecho que dejó un saldo trágico de cuatro policías fallecidos. Como parte de su condena, Humala también fue obligado a pagar S/1′283,000 como reparación civil.
