El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció respecto a las 4 mociones de censura presentadas en el Congreso contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que serán abordadas en los próximos días en el Pleno.
Como se sabe, ayer, lunes, las mociones de censura impulsadas por los congresistas Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Bernardo Quito (Bancada Socialista) y la de la bancada Renovación Popular ingresaron a trámite en la Oficialía Mayor. Este martes, ocurrió lo mismo con la moción de Fuerza Popular.
Al respecto, Gutiérrez Cóndor consideró que dichas iniciativas constituyen una «reacción» desde el lado político, puesto que a alguien «tienen que pasarle la factura» de los errores del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
«Yo creo que una reacción más desde el lado político, al cual no quisiera ingresar, pero es una reacción eminentemente política porque, indudablemente, a alguien tienen que pasarle la factura de todos estos yerros y falta de éxito en la lucha contra el crimen», indicó.
Además, consideró que Santiváñez Antúnez renunciará al cargo: «Yo creo que más que censurado, creo que él va a renunciar».
Por otra parte, el defensor del Pueblo respaldó el estado de emergencia en Lima y Callao decretado ayer por el Ejecutivo. Sin embargo, dijo que los planes operativos que se desplegarán en los 30 días que dure la medida deben ser expuestos por la presidenta Dina Boluarte y sus ministros de Estado.
«Estoy de acuerdo con toda medida de excepción para contribuir en la erradicación de la criminalidad. No obstante, esto no puede ser una formalidad. La presidenta en el máximo organismo de seguridad ciudadana, que es el Consejo, [tiene] la obligación, junto a sus ministros, de explicarnos cuáles son los planes operativos programados y cómo así tenemos que dar la confianza y contribución como poderes del Estado y como organismos constitucionalmente autónomos en ese propósito, porque usted comprenderá que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de definir planes operativos previo a la emisión de un decreto supremo como el que ayer vimos, no es al revés», señaló.
«El sustento está, el sustento puede ser hasta de facto, porque lo real y lo concreto es que la criminal ha desbordado la autoridad. Eso es lo concreto, la motivación está. Pero, ¿cómo lo va a combatir usted? ¿Cuáles son los planes operativos? Claro, ese es el problema. [Se] piensa que sacando un decreto supremo se solucionó el problema y no es eso; el tema del marco normativo de excepción no es el problema, sino la capacidad de poder operar para que esta criminalidad decaiga o, mejor aún, pueda extinguirse. Pero esa finalidad tiene que ir acompañada de planes operativos», apuntó.
