La Defensoría del Pueblo se pronunció ante el pedido de Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia y al Congreso de la República por Fuerza Popular, por la posible suspensión del partido y consideró que “afecta a los posibles candidatos” así como a “todos sus militantes y a la población”.
“Debe tenerse en cuenta también en este análisis que la suspensión temporal de actividades de una organización política no solo afecta a los posibles candidatos del partido político en el proceso electoral en curso, sino también a todos sus militantes y a la población que podría considerarse representada por esta agrupación, ya que el ejercicio de sus derechos fundamentales políticos se verían frustrados en la práctica”, afirmó en un comunicado.
El documento -firmado por Abraham García Chávarri, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo-, señala también que tanto el requerimiento fiscal de suspensión como la decisión que adopte el Poder Judicial, “deben resultar conformes con los estándares constitucionales y convencionales de lucha contra la corrupción estatal, el principio de presunción de inocencia y el derecho fundamental a la participación política”.
Patricia Juárez envió un oficio al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, solicitándole “tome todas las medidas necesarias” en resguardo de los derechos fundamentales y constitucionales de los candidatos al próximo proceso electoral por dicho partico político.
“Señor defensor, le solicitamos que, en cumplimiento de sus atribuciones se pronuncie y tome todas las medidas necesarias para que los derechos de nuestros candidatos, nuestros militantes y simpatizantes, no sean eliminados”, indicó en un video difundido en las redes sociales de la agrupación política.
En su pronunciamiento, la Defensoría “reconoce y respalda” el deber del Estado de combatir la corrupción; sin embargo, aduce que “estas responsabilidades deben hacerse dentro del marco de las garantías de impartición de justicia y compaginando el efectivo ejercicio de otros derechos fundamentales”.
“La lucha contra la corrupción debe compatibilizarse con el derecho a la participación política que tienen todas las personas, sea de modo individual o mediante organizaciones políticas, por cuando su ejercicio es la base para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático”, sostiene.
Además, resaltan la necesidad de preservar el “derecho a la presunción de inocencia”. “Conviene reparar en que la presunción de inocencia no solo implica observar un juicio justo y un adecuando ejercicio del derecho de defensa, sino fundamentalmente que se garanticen, hasta que no se demuestre lo contrario, el mayor plexo de derechos fundamentales de los investigados y procesados”, precisa.
Este lunes, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, evaluó el pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez para suspender temporalmente las actividades del partido Fuerza Popular, como parte de una investigación por el caso Odebrecht.
