Como instrumento para elevar la calidad de la educación pública
Iniciado el año 2022 y habiéndose anunciado el retorno a las actividades escolares presenciales, la serie de preocupaciones de los padres de familia en torno a las condiciones de bioseguridad de las instituciones educativas, el funcionamiento del programa de alimentación (Qali Warma) y así como la reestructuración curricular, entre otros, continúan (a pesar de anuncios y ofrecimientos consoladores) aún sin respuestas serias. En ese contexto, como parte del problema se evidencian posiciones oficiales e individuales que parecen no entender que nos encontramos en una situación totalmente diferente al 2019 por las ocurrencias derivadas de la presencia de la pandemia, que se profundizan lastimosamente por la inacción del Gobierno que, en poco menos de seis meses, ha encargado la responsabilidad de conducir la educación a tres funcionarios. De modo que no debe extrañarnos la intranquilidad de los progenitores ni de directivos y docentes comprometidos con el futuro de los estudiantes y del país.
Muchos comparan lo acontecido en los dos últimos años como la presencia de una tormenta y al asumir la afirmación de Leon Brown: “Cuando haya pasado la tormenta, pon tu energía y reconstruir tu vida, no pierdas el tiempo mirando atrás”, tienen la certeza que luego viene la calma y reafirman su compromiso por transitar hacia adelante. Pero los momentos transcurridos al haber dejado de un lado lecciones dolorosas, han abierto, por otro lado, posibilidades de cambio que se hallan estrechamente relacionadas con la distribución del poder altamente centralizado causante del desarrollo diferenciado entre la capital y las regiones. En ese contexto, la necesidad de llevar adelante el proceso de descentralización educativa constituye, en el momento, un asunto de interés nacional. Importa señalar que la descentralización en términos generales constituye una forma de organización democrática cuyo objetivo es el desarrollo del país. No obstante, diversos intereses personales o de grupo acompañados de la inercia mental de los ciudadanos ha frenado por más de tres décadas su ejecución fortaleciendo contrariamente el centralismo a través del robustecimiento de los sectores estatales.
Hoy se debe asumir la descentralización educativa como instrumento para la mejora de la calidad educativa, impulso de los aprendizajes y cierre de brechas educativas existentes, que al estar asociados a otros factores que inciden en la educación y no depender de acciones propias de la gestión del servicio educativo, requieren respuestas intersectoriales asociadas a la organización y gestión territorial, que lo concede sólo el proceso referido.
En ese marco, la responsabilidad de las distintas instancias de Gobierno debería transitar una secuencia con claras delimitaciones; así, el gobierno central a través del sector garantiza el derecho a una educación de calidad y equidad, circunscribiéndose en definir políticas y normas nacionales, coordinando con los otros niveles de Gobierno y la colectividad, supervisando y asegurando el financiamiento requerido. Los gobiernos regionales diseñan, ejecutan y evalúan las políticas educativas de su territorio, coordinando con el gobierno central y locales; entre tanto las municipalidades provinciales y distritales se responsabilizan de articular las necesidades educativas de la comunidad para mejorar las condiciones del servicio, monitoreando su implementación a través de mecanismos de organización y participación.
En las actuales circunstancias pasar de la demanda a la acción, implica en el ejercicio de ciudadanía, comprometer esfuerzos desarrollando acciones concretas, haciendo nuestra la sentencia de Mahatma Gandhi: “Cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto”.
