El Ejecutivo observó la ley aprobada en el Congreso de la República que fija topes a las tasas de interés bancarias. A través de un documento enviado a la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), el Gobierno del presidente Francisco Sagasti cuestionó la norma que facultaba al Banco Central de Reserva (BCR) a fijar tasas de interés máximas y mínimas cada seis meses para regular el mercado financiero.
«La aplicación de topes a las tasas de interés es una forma extrema de intervención estatal que, además de vulnerar el principio de la libre competencia, afecta los mecanismos de transmisión de información y tiende a desaparecer los incentivos en el mercado», indica el documento.
Asimismo, se advierte que la propuesta legislativa «generaría una severa afectación económica y exclusión financiera, principalmente al pequeño consumidor y a la mype, produciendo un retroceso en el proceso de inclusión financiera».
El Gobierno detalló, en este sentido, que la aplicación de topes a las tapas de interés bancarios afectará a las personas con menores ingresos con créditos individuales más pequeños, pero con fuerte espacio para seguir accediendo a más y mejores productos, que por su mayor nivel de riesgo no podrán acceder a créditos formales, perjudicando así el proceso de inclusión financiera.
«En los últimos años, nuestro país ha podido avanzar en la inclusión financiera, es decir, que más ciudadanos tengan acceso a servicios financieros, y esto se ha logrado debido a factores como la libertad para determinar las tasas de interés y las comisiones en el sistema financiero peruano, acompañado de la transparencia de información y la protección al consumidor», explicó el Ejecutivo.
Alertó, por ello, que con la ley en cuestión «se corre el riesgo de que las mype y los deudores de menores ingresos queden expuestos al crédito informal, que se caracteriza por plazos cortos, tasas de interés de más de 800 % y mecanismos de cobranza que pueden ser hasta ilegales, y podrían atentar a la integridad de los pequeños consumidores».
Finalmente, precisó que esta observación toma en consideración las opiniones de las autoridades en materia de regulación y supervisión del sistema financiero, como el BCR y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
