- Juzgado admite a trámite acción de amparo de Patricia Benavides contra su suspensión
- Abogado de Patricia Benavides: «¿Cómo puede haber organización criminal si Villanueva era el único que hablaba por la fiscal?»
- Alejandro Muñante cuestiona «campaña del terror» de la JNJ contra el Congreso: «Queda sancionarlos»
El día de hoy se verá las componendas políticas en el Parlamento. Los congresistas tienen la obligación de decidir a conciencia si es que quieren frenar la arremetida caviar que es un peligro a la democracia con su avance de copar las instituciones del estado y a ellos no les importa nada para aniquilar a sus enemigos.
Ya lograron por ahora recupera el Ministerio Publico y manejando la Junta Nacional de Justicia cuentan con un arma de amedrentamiento a los magistrados del Poder Judicial y de la Fiscalía, porque todos aquellos que no bailan al ritmo que les imponen fácilmente pueden ser destituidos.
Hasta cuando se va tener esa amenaza latente, Es un abuso desmedido y se ha visto cómo actúan, por ejemplo, en el caso de quien fue Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. A ellos no les interesa el debido proceso, Ellos son quienes manejan su sistema a su manera, Cobran jugosos sueldos y otras gollerías. Cada magistrado en diciembre recibirá alrededor de los 70 mil soles. La recesión para ellos no existe.
Ahora se quejan de que el Congreso quiere actuar en forma arbitraria y quieren quebrar el orden democrático. Los congresistas van permitir esa injerencia.
Todo puede suceder. Con un congreso timorato. Que no ejerce el control político y que se acomodan al poder de turno. Mas le importa su sueldo y bonificaciones. Cada parlamentario recibirá en diciembre alrededor de 43 mil soles. Y una vez mas puede darse el caso que todo continuara igual.
Por es eso es que el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien, junto a su colega Jorge Montoya, presentó una moción para destituir inmediatamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), denunció que existe una «campaña del terror» emprendida por dicha entidad contra el Parlamento.
Frente a ello, el legislador «celeste» dijo, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), que «solo queda firmeza para cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y sancionar a quienes las infrinjan».
«Ante la “campaña del terror” emprendida contra el Congreso por el caso JNJ solo queda una cosa: firmeza. Firmeza para cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y sancionar a quienes las infrinjan», manifestó Muñante.
El pronunciamiento de Alejandro Muñante se da luego de que la JNJ emitiera un comunicado, en donde denuncia un eventual quiebre del orden democrático en el Perú por la intención del Parlamento de remover a sus miembros por haber suspendido por seis meses a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en un irregular proceso disciplinario inmediato.
De acuerdo a la moción presentada, los consejeros incurrieron en un conflicto de intereses al abordar el caso de Benavides, cuyo derecho al debido proceso se habría visto vulnerado.
Ante el tema que va ver el día el Congreso, La Junta Nacional de Justicia indicó en un comunicado que la eventual destitución de sus miembros representaría «un atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo, con imprevisibles consecuencias para la República».
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó el contenido de la moción parlamentaria que plantea remover a sus miembros por haber decidido suspender por seis a meses a Patricia Benavides de su asignación como fiscal suprema y con ello de su cargo de Fiscal de la Nación debido a su presunta implicación con el caso ‘La Fiscal y su cúpula de poder’.
Este órgano autónomo se pronunció luego de que en la víspera la Junta de Portavoces del Congreso acordara dar prioridad a esta moción en la agenda del Pleno a realizarse entre el 13 y 15 de diciembre.
«La Junta Nacional de Justicia rechaza el contenido de la moción 9525 presentada en el Congreso de la República, mediante la cual se busca remover de modo inmediato a sus miembros. Ello supondría un quiebre del orden democrático en el Perú y un atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo, con imprevisibles consecuencias para la República», dice el comunicado emitido por el organismo.
La moción de orden del día 9525, impulsada por los congresistas Alejandro Muñante y Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, señala que la medida de la JNJ «constituye una flagrante violación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia» por un supuesto conflicto de intereses entre Patricia Benavides y los integrantes del órgano encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en el país.
Al respecto, la JNJ señala en sus comunicado que el procedimiento disciplinario aplicado contra Benavides sí está descrito en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ y que la evaluación al conflicto de intereses que argumenta la moción de los parlamentarios, «le corresponde exclusivamente al Pleno de la JNJ, según el artículo 17 de su Ley Orgánica, y no al Congreso».
«La JNJ demanda una vez más el respeto a sus competencias constitucionales, la independencia de poderes en el Perú y la defensa de la institucionalidad democrática, base del bienestar y del progreso de los peruanos», afirmó la institución.
Sobre el tema, Juan Peña, abogado de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, cuestionó la hipótesis del Equipo Especial de los Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), encabezado por la fiscal provincial Marita Barreto, acerca de que su patrocinada sería la cabecilla de una supuesta organización criminal.
En el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, Peña se preguntó cómo puede existir una red criminal si solo Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, era el único que podía hablar en nombre de la extitular del Ministerio Público.
«El Eficcop indica que hay una organización criminal, pero, si el señor Villanueva era el único que podía hablar por la doctora Benavides, ¿cómo hay una organización criminal? ¿Los otros dos de qué servían?», manifestó el letrado.
Además, el jurista relató que Patricia Benavides conocía a Villanueva desde el año 2015, cuando este trabajó en la gestión del fiscal supremo Pablo Sánchez.
Por último, remarcó que, a la fecha, no existe ninguna investigación penal abierta contra la exfiscal de la Nación.
Sin embargo, ese argumento de la policía, sirvió para que la JNJ actúe en forma acelerada y suspenda a Patricia Benavides.
Precisamente, Patricia Benavides presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial, que pide dejar sin efecto la suspensión de seis meses de su condición de fiscal suprema decidida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una medida por la que debió dejar el cargo de fiscal de la Nación.
Este recurso fue admitido a trámite por el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y para la evaluación de este pedido se ha programado una audiencia virtual a realizarse el 6 de marzo de 2024, desde las 9:00 a.m.
De acuerdo con el registro del expediente, los demandados por la suspendida fiscal de la Nación son la JNJ y la Procuraduría pública de la JNJ.
Como se recuerda el miércoles 6 de diciembre, la JNJ suspendió provisionalmente durante seis meses a Patricia Benavides, como parte del procedimiento disciplinario que se le sigue por el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.
«La JNJ actúa en estricto cumplimiento de la constitución, su ley orgánica y su reglamento de procedimientos disciplinarios, garantizando del debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigación», indicó el pronunciamiento de la JNJ en el que se anunció la suspensión de la fiscal.
El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) inició el pasado lunes 27 de noviembre el operativo ‘Valquiria V’, en la cual se investiga a Patricia Benavides de ser la lideresa de una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público, que buscaba influir «ilícitamente» en el Congreso para lograr la remoción de los JNJ, la designación del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
