Ley autoriza entrega de armas a comités de autodefensa
La Ley N° 31494, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, constituye la partida de defunción del Estado de derecho y la partida de nacimiento de la dictadura socialista del siglo XXI en el Perú, siguiendo la usanza iraní. Todas las dictaduras fascistas y socialistas empezaron creando fuerzas paramilitares (colectivos, comités de defensa de la revolución, juventudes hitlerianas, fascio di combatimento, rondas campesinas o comités de autodefensa) para imponer el temor a sus adversarios.
Si la intención era incorporar los comités de autodefensa y las rondas campesinas a la lucha contra la inseguridad, el camino racional era incorporarlos como una categoría policial y militar adicional a las actuales. Y con instrucción, supervisión, mando, control permanente y competencia judicial castrenses.
La norma en cuestión entrega a colectivos civiles denominados “comités de autodefensa”, funciones que la Constitución reserva para la PNP, facultándolos a recibir armas de fuego y municiones de propiedad del Estado; es decir de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) únicos entes estatales que pueden poseerlas institucionalmente, o donadas por “particulares”.
Esto obliga a las FF.AA. y a la PNP a entrenar paramilitares remunerados por gobiernos locales y regionales, en clara violación de las disposiciones de las Naciones Unidas. Y además establece una discriminación inaceptable al obligar a Sucamec a dar “facilidades”, de las que no goza ningún otro ciudadano, a esos milicianos para acceder a armas de fuego y municiones. Les reconoce además derecho a “aplicar justicia consuetudinaria”, aun a sabiendas de que esas bandas vienen haciendo tiras los derechos humanos.
Las rondas campesinas y comités de autodefensa fueron útiles hace 30 años, en la derrota del terrorismo comunista. Lamentablemente han involucionado, convirtiéndose muchas veces en guardia pretoriana del narcotráfico, el contrabando y la extorsión sistemática a la actividad minera y agroindustrial formal.
Esa norma debería ser derogada por el Congreso de inmediato, antes de que la ONU se percate de esta nueva torpeza. Si no lo hace, debe demandarse pronto su inconstitucionalidad, antes de que sea demasiado tarde para la democracia, la libertad y el Estado de derecho.
