En el marco del 44.º aniversario del Ministerio Público y el Día del Fiscal, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, cuestionó las leyes que se vienen aprobando desde el Congreso y el Ejecutivo y que, a su juicio, afectan el trabajo de su institución en su lucha contra el crimen.
En una ceremonia realizada en el auditorio de la sede de la Fiscalía, en el centro de Lima, Espinoza Valenzuela expresó su preocupación por una serie de leyes que, según afirmó, atentan contra la independencia del Ministerio Público y limitan la labor de los fiscales en la persecución de delitos.
Entre las nuevas normas señaladas como iniciativas que debilitan la autonomía fiscal, la titular del Ministerio Público mencionó las leyes 31751 (que recorta los plazos de prescripción); 31990, que limita el tiempo para corroborar testimonios de colaboradores eficaces; 32107, que debilita la persecución de crímenes de lesa humanidad; y la 32108 (modificada por la 32138), que restringe la definición de organización criminal, entre otras.
“La autonomía fiscal se debilita por leyes que interfieren directamente en la labor fiscal”, subrayó Espinoza, quien destacó que el Ministerio Público ha emitido 27 opiniones técnicas y presentado proyectos de ley para garantizar el respeto a la función fiscal y el equilibrio de poderes.
Pese a nuestra oposición institucional, así como de todos los sectores involucrados en el tratamiento de adolescentes para que se aplique una política básicamente de prevención, el Congreso de la República y el Ejecutivo procedieron a aprobarla”
Uno de los puntos más destacados de su discurso fue el rechazo a la Ley N.° 32108, promulgada el 10 de mayo, que bajó la edad de imputabilidad penal hasta los 16 años.
“Pese a nuestra oposición institucional, así como de todos los sectores involucrados en el tratamiento de adolescentes para que se aplique una política básicamente de prevención, el Congreso de la República y el Ejecutivo procedieron a aprobarla”, señaló Espinoza.
Al respecto, la fiscal advirtió sobre el riesgo de que la criminalidad instrumentalice a menores de edad cada vez más jóvenes.
“Si la criminalidad quiere instrumentalizar más adelante a nuestros niños y niñas ya no usando a chicos de 16, 17, sino de 15, 14, 13, 12, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos?”, inquirió.
Espinoza calificó esta medida como “el camino equivocado” y anunció que el Ministerio Público evalúa acciones legales para revertir su vigencia.
Espinoza también expresó su preocupación por proyectos de ley que, de aprobarse, podrían agravar la situación del sistema de justicia peruano.
Señaló que uno de ellos propone que fiscales y jueces supremos sean elegidos por el Congreso, lo que, según la Fiscal, sería “un grave retroceso y una evidente afectación al equilibrio de poderes”.
Además cuestionó un proyecto de ley que busca modificar el reglamento del Congreso para reducir la votación calificada necesaria para suspender a altos funcionarios, incluyendo fiscales.
Espinoza calificó esta reforma como “una especie de quiebre constitucional” que afectaría la independencia del sistema de justicia.
Hacía el final de su intervención, la fiscal llamó a que se promulguen leyes acordes a la realidad del país y reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la defensa de la justicia y la lucha contra la criminalidad.
