El Ministerio Público informó, a través de un comunicado, que el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales presentó una denuncia constitucional, ante el Congreso, contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022.
La denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vincente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.
Dina Boluarte y los referidos exministros son señalados por la Fiscalía como presuntos autores de los delitos de homicidio calificado, a título de comisión por omisión impropia en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, un joven de 19 años fallecido en Apurímas, y otras víctimas.
Además, por el delito de lesiones graves, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega, también de Apurímac, y lesiones leves en agravio de Miguel Ángel Velásquez Chilingano, un joven de 23 años que habría sido herido por un proyectil de arma de fuego en el aeropuerto de Huancabamba, en Andahuaylas. La Fiscalía indicó que habría otras víctimas por ambos delitos.
«Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 al 9 de febrero en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad«, indicó el Ministerio Público.
«De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente), y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena, y 5 por otros objetos).
El Ministerio Público precisó que existen 303 carpetas fiscales repartidas entre todas esas regiones, «en las que se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte públicos, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicio y lesiones en agravio del Estado y de miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
Fiscalía archivó investigación contra Dina Boluarte por presunto delito de genocidio
Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, confirmó que la Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación contra la jefa de Estado por el presunto delito de genocidio en las manifestaciones contra el Gobierno en los años 2022 y 2023.
En comunicación telefónica con Encendidos, el abogado afirmó que «le hace daño al país» imputar un presunto delito de lesa humanidad contra la jefa de Estado por fallecidos en las protestas sociales el 14 de diciembre de 2022, y los días 7 y 20 de enero, y del 9 de febrero de 2023.
«El Ministerio Público ha decidido partir el expediente nuevamente en dos, donde se va a seguir investigando homicidio y lesiones. Y, por otro lado, ha ordenado el archivamiento del delito de genocidio. Cosa que saludamos tardíamente, por cierto, porque hemos estado más de un año y medio para decir lo que finalmente se ha dicho. Pero que celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave, que es un delito de lesa humanidad, le hace daño no solamente a la presidenta de la República, le hace daño al país», explicó.
Joseph Campos argumentó que un delito de genocidio es el acto letal contra un grupo por lo que es y no por lo que hace, por lo que para él no configuraría este delito durante el control de manifestaciones violentas contra el Gobierno.
«Ahí pudo haber muertes por un mal uso del arma por parte del policía o militar, por un buen uso del arma del policía o militar, o una circunstancia, incluso las casuales. Todo eso se tiene que investigar antes de iniciar una investigación contra el presidente de la República. Pero el genocidio era una locura, nunca tuvo sentido», expresó.
Campos consideró que se debe archivar de una vez el presunto delito por homicidio y lesiones de la presidenta Dina Boluarte en el caso de las protestas. Además, recordó que una acción de amparo sobre el caso » ya está llegando» al Tribunal Constitucional.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, también se pronunció sobre la decisión del Ministerio Público y volvió a calificar a la denuncia contra la mandataria Dina Boluarte como un «despropósito».
«Poco a poco la justicia se abre paso. No hay mérito para acusar constitucionalmente a la SPR y se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito», publicó en su cuenta de red social X.
