Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), se pronunció en torno a la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, ante el máximo intérprete de la Constitución.
Como se recuerda, el pasado mes de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que dicha demanda busca que el TC defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado, ya que, según dijo, esto solo puede darse bajo las razones contenidas en el artículo 117 del texto constitucional.
«Esta demanda es pensada en los presidentes que vengan a futuro, a fin de que sus funciones constituciones no se vean mermadas ante los llamados de la Fiscalía», remarcó en ese momento.
Al respecto, el tribuno indicó que su entidad «tendrá que definir» si la presidenta de la República «está protegida durante el desempeño [del cargo] de cualquier perturbación de carácter fiscal o judicial», y que el fallo estaría emitiéndose «en el mes de marzo, aproximadamente».
«Quizás, las leyes de desarrollo constitucional no han previsto todos estos temas nuevos que vemos en el escenario de la articulación de los poderes del Estado, y es el desempeño del presidente de la República. Si es que, dentro de su periodo de ejercicio del cargo, puede o no ser investigado», sostuvo.
«La investigación se puede, pero no te olvides que la Constitución es del 93 y que el modelo procesal penal es del 2004, y a partir del 2004 ya el fiscal tiene un poder que antes no lo tenía, porque quien investigaba con el anterior Código Procesal Penal y con la Constitución del 93 era el juez instructor. Entonces, ahora ha cambiado todo y esto sí merece un pronunciamiento del TC, que tendrá que definir si es que el presidente de la República, la institución presidencial, está protegida durante el desempeño [del cargo] de cualquier perturbación de carácter fiscal o judicial o, en todo caso, si es que se apertura dicha posibilidad. Es un tema constitucional que vamos a tener que pronunciarnos, no podemos sustraernos a ese deber u obligación que tenemos», agregó.
En esa línea, consideró que su entidad resolverá considerando «el futuro» para «asentar instituciones para el futuro presidente de la República».
«Ahora ha cambiado todo, ahora el fiscal tiene mayor poder en lo que se refiere a la actuación de un proceso. Entonces, hay que actualizar, esa disposición jurisdiccional tiene que ser actualizada. No estoy adelantando opinión, por si acaso, sino les estoy explicando metodológicamente el tema, el problema en cuestión. Ese es el problema que tenemos que resolver […] Además que tenemos que pensar en el futuro, tenemos que asentar instituciones para el futuro presidente de la República y también para que nuevos actores, con altas credenciales, también tengan la certeza de poder ser gerentes, políticos, dirigentes, etcétera, donde haya seguridad jurídica y estabilidad, también desde la perspectiva del Derecho, para poder mejorar todo nuestro sistema político», explicó
«Tenemos que establecer solidez o parámetros para que pueda haber algo previo que todos tengamos claro de cómo debemos enfrentar las actuaciones políticas. Lo que tenemos que hacer es eso, precisar», puntualizó.