Las audiencias de ayer del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) empezaron a dejar en claro que la corte electoral no aceptará contrastar las actas cuestionadas con el padrón electoral. Un procedimiento que, a nuestro entender, debería ser de oficio por parte del tribunal, sobre todo considerando las décimas de punto que separan a Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, sumado a la intensa polarización que estremece al país.
Para más de la mitad de los peruanos quedaba entonces en evidencia que el JNE no está dispuesto a buscar la verdad electoral y que, de una u otra manera, las versiones que denunciaban que el suelo no estaba parejo en el sistema electoral tienen verosimilitud. En este contexto explosionó otra bomba nuclear en el proceso: la declinación de Luis Arce a integrar el JNE, el único magistrado que se oponía a la mayoría que lideraba Jorge Salas Arenas –presidente de la corte electoral– y que actuaba y votaba al unísono.
La conducta del JNE será devastadora para el sistema político e institucional, y las debilitadas instituciones republicanas comenzarán a desmoronarse. ¿Cómo podría haber gobernabilidad si uno de los candidatos tiene cuestionamientos en su legitimidad de origen por graves errores del JNE? Negarse a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales de alguna forma es convalidar el llamado “fraude en mesa” que han denunciado los voceros de Fuerza Popular.
No hay ningún argumento para justificar la posición del JNE. Un criterio que se suma a la falta de parcialidad que ha demostrado el presidente Sagasti en el curso de las elecciones, ya sea con llamadas injustificadas a personalidades para acelerar la proclamación de un candidato o con los respaldos innecesarios a la labor de los organismos electorales, en momentos en que estas entidades tienen la obligación de agotar todos los procedimientos para esclarecer la verdad electoral.
De esta manera el Perú avanza hacia el Bicentenario revelándose como una sociedad fallida en la construcción de su sistema republicano, tal como sucedió luego de las primeras décadas de la Independencia. Cualquiera diría que durante doscientos años de vida al margen de la metrópoli, no se ha aprendido nada, absolutamente nada.
Allí está la guerra política, el mangoneo de las instituciones que deberían actuar por encima del conflicto político y, sobre todo, la guerra política que busca excluir a un sector del país cueste lo que cueste. La democracia y la libertad antes que engrandecernos, en realidad, parecen haber acentuado la tendencia nacional a la anarquía.
Ni siquiera el hecho de que el PBI en las últimas tres décadas se multiplicó por tres y la pobreza se redujo del 60% de la población a solo 20%, sobre la base de la inversión privada y la economía de mercado, parece ser importante para quienes están construyendo esta especie de polvorín social y político en que puede transformarse el Perú.
Para algunos sectores comunistas y colectivistas, salvo el poder todo será ilusión. Ese aserto se entiende en los sectores bolcheviques; sin embargo, ¿cómo se puede entender esa falta de perspectiva en los sectores que se proclaman de izquierda democrática? ¿Cómo se puede creer que más de la mitad de peruanos acepte un desenlace electoral en el que no se cumple el debido proceso y del que puede surgir un gobierno que convoque a una constituyente, colectivice la economía, y expropie la propiedad privada? ¿Cómo?
Al cierre de esta edición el JNE, presidido por Jorge Salas Arenas, el mismo tribunal que no pudo completar el número de sus miembros por maniobras de la izquierda en el Colegio de Abogados de Lima, parecía enrumbar al Perú a una de sus noches más negras de toda la historia republicana.
