Una jueza federal de la corte del Distrito de Columbia decidió rechazar el recurso presentado por el expresidente Alejandro Toledo en el que pedía «medidas preliminares urgentes» para evitar su detención y la extradición al Perú.
La magistrada Beryl Howell criticó el hecho de que el exmandatario, reclamado por la Justicia peruana por delitos de corrupción, haya trasladado su caso de California a la capital estadounidense.
El pasado 9 de marzo se conoció que Alejandro Toledo presentó una demanda contra el Departamento de Estado ante la corte del Distrito de Columbia por querer extraditarlo sin seguir, según alegó, el debido proceso y haber violado la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Esa enmienda establece que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal.
«La ironía es sorprendente, que el demandante se involucre en tal abuso del proceso judicial para quejarse de que de hecho no ha recibido suficiente proceso», apunta la jueza sobre Toledo, quien permanece en Estados Unidos a la expectativa de su extradición al país andino por delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.
«Este Tribunal no detendrá los elaborados procedimientos que ya están en marcha respecto a la extradición del demandante», afirma tajante la jueza en la resolución.
La Corte del Distrito Norte de California, que es la que está llevando su proceso de extradición, también le denegó a Alejandro Toledo un pedido similar para que se suspendiera provisionalmente su repatriación.
El exmandatario, de 77 años, fue detenido en 2019 en California y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la COVID-19.
Está imputado en Perú por haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.
En concreto, Toledo fue investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
