La ejecución de la pena quedó suspendida hasta que sea ratificada en segunda instancia, según dispuso la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. ¿A qué se debe esto?
El excongresista Kenji Fujimori fue condenado a 4 años y medio de prisión por la presunta compra de votos a fin de evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de la Presidencia de la República, en marzo de 2018.
Sin embargo, la ejecución de pena de cárcel queda suspendida hasta que sea firme (ratificada en segunda instancia), según dispuso la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. ¿A qué se debe esta decisión?
La sala encontró culpable a Kenji Fujimori del delito de tráfico de influencias agravado, pero no por cohecho activo genérico. La fiscalía había solicitado doce años de cárcel por el caso ‘Mamanivideos’.
También fueron condenados los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, que recibieron 4 años y 4 años y medio de prisión efectiva, respectivamente, así como el exasesor Alexei Toledo (4 años de prisión suspendida).
Los exparlamentarios también recibieron 18 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y S/ 52 mil de días-multa para cada uno. En tanto, Alexei Toledo fue sentenciado a 6 meses de inhabilitación y al pago de S/ 30 mil de días-multa. Todos deberán pagar una reparación civil ascendiente a 500 mil.
¿Por qué no irá a prisión?
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que la ejecución de la prisión efectiva queda suspendida hasta que sea firme o consentida (ratificada en segunda instancia).
Ello debido a que no tienen antecedentes penales, además de que concurrieron a las audiencias judiciales, cuentan con arraigo domiciliario y han mostrado buena disposición ante las autoridades cuando han sido convocados.
El tribunal detalló que esa figura lo establece el artículo 399, inciso 5 del Código Procesal vigente, que concuerda con el inciso 2 del artículo 402 del mismo.
No obstante, Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez deberán cumplir diversas reglas de conducta, como presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial.
Tampoco podrán ausentarse del lugar de residencia sin previa autorización del juez competente y concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, bajo apercibimiento de revocarse en caso de incumplirlas.
