- El mandatario Pedro Castillo encabezaría una presunta organización criminal, según el informe que elaboró la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Un jueves negro para el gobierno, en especial para Pedro Castillo, que puede ser el inicio del fin como presidente para quien ocupa por ahora el sillón de Pizarro. Por más argucias legales, por más que quiere azuzar al pueblo contra el Congreso y contra los políticos, las estrategias palaciegas no funcionan.
Cada día sufre derrotas la defensa de Castillo. Cada día la población no cree en Castillo y a ello se suma la situación económica que hace que más pobres y desempleados crezca en nuestro país.
A ello se suma que Castillo no tiene apoyo político. Su bancada Perú Libre prácticamente en forma elegante lo expulso y vota en contra de los ministros de gobierno tal como ocurrió con la censura del Ministro del Interior, Dimitri Senmache cuyos votos del partido de Vladimir Cerrón fueron claves,
Y cuidado que esos votos pueden ser la estocada final a Castillo a quien acusan de no seguir los lineamientos de gobierno de ese partido. El futuro de Castillo se ha puesto de color hormiga, urge tener cohesión e hilar fino a la oposición y tender los puentes para lograr un futuro distinto a nuestro país, pensando en un nuevo gobierno de unidad. Bastante difícil, pero no imposible.
En efecto la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por diferentes presuntos delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros. Esto se dio con 9 votos a favor, 3 en contra y una sola abstención.
En el documento se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
De acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización, el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El informe también concluye que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/. 232.5 millones, habrían dado dinero al jefe de Estado a través de la lobbista Karelim López.
La empresa Tapusa, que conformó el referido consorcio, también habría entregado dinero al entonces ministro y hoy prófugo Juan Silva, a través de Zamir Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva por este caso y ha dado información sobre el caso.
El último lunes, los integrantes de dicho grupo de trabajo acudieron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo, pero no fueron recibidos por el mandatario por cuarta vez, pese a que este lo había prometido.
La Comisión de Fiscalización del Congreso también recomienda formular una acusación constitucional contra Pedro Castillo y el exministro de defensa Walter Ayala por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA).
Se concluye en la documentación que Ayala, Castillo y Pacheco habrían intervenido en el proceso de ascensos de los altos mandos del Ejército.
Otro que se sumó a ser escudero oficial del presidente fue el canciller de la República, César Landa, quien acusó un adelanto de opinión de parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, luego de que este grupo parlamentario presentara su informe final en el que recomienda acusar constitucionalmente al jefe de Estado.
«Creo que la tarea de fiscalizar no puede hacerse abusando del derecho, como dice la Constitución. En la medida que el presidente de la Comisión de Fiscalización declaraba hace pocos días imputarle al presidente responsabilidad por organización criminal y de hechos ilícitos, es un adelanto de opinión, de juicio», indicó.
«Si fuera un proceso judicial sería invalidado, pero como es un proceso político, que no tiene reglas de derecho, sino de oportunidad política y de opciones ideológicas, se puede decir que es una investigación, una fiscalización y una acusación de facto (…) Ha habido una interpretación bastante amplia (de la Constitución)», agregó.
Este argumento y otros a estas alturas no sirve. El Congreso tiene la oportunidad de seguir este proceso y si procede la acusación constitucional, los días de Castillo estarían contados.
Por su parte el presidente Pedro Castillo anunció su renuncia a su militancia en la agrupación política Perú Libre, luego de que dicho partido le solicitara el último martes tomar esta decisión.
Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario compartió un documento presentado ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que da cuenta de su decisión de renunciar al partido Perú Libre.
Asimismo, el mandatario adjuntó sus datos personales, a fin de que se disponga su desafiliación de esa organización política.
Según señaló, la decisión de renunciar al partido que lo llevó al Gobierno, obedece a su responsabilidad como Presidente de la República. Sin embargo, dijo que respeta las bases que Perú Libre construyó durante la campaña electoral.
El anuncio realizado por el jefe de Estado se da tras la invitación pública que le hicieron el último martes el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política y la bancada de Perú Libre para que renuncie de forma irrevocable a su militancia.
La agrupación emitió un comunicado en el que aclararon que este pedido al presidente se da luego de que evaluaran “estatutariamente” el comportamiento de Pedro Castillo, quien se inscribió en dicha agrupación el 30 de setiembre de 2020.
Entre las causales para el pedido de renuncia, desde Perú Libre indicaron que el mandatario habría promovido el quebrantamiento de la unidad partidaria, la fractura de la bancada congresal, así como invitaciones a la disidencia en la bancada y el partido, además de promover la inscripción de dos partidos políticos paralelos en el seno partidario.
En vísperas, el presidente Pedro Castillo respondió a este pedido y agradeció al partido Perú Libre por haberlo acogido en las elecciones. Además, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a trabajar en consensos por el país.
«Agradezco bastante a Perú Libre por habernos acogido en esta contienda que nos ha llevado al triunfo en el marco de esta campaña que se ha hecho democráticamente. En las próximas horas voy a dar una respuesta, entendiendo que por encima de todo está el Perú y desde acá llamo a todas las fuerzas políticas a ponernos de acuerdo, a trabajar por la democracia y los temas más importantes que tiene el país», indicó.
Pero, el presidente de la República, Pedro Castillo, lanza sus manotazos de ahogado y apeló a la resolución judicial que rechazó su pedido para ser excluido de la investigación preliminar que realiza la Fiscalía de la Nación por el caso ‘Provías Descentralizado-Puente Tarata’.
Mediante dicho recurso presentado por su abogado Benji Espinoza, el mandatario expresó su disconformidad con el fallo del juez supremo Juan Carlos Chekley Soria, quien declaró infundada la tutela de derechos que interpusieron para anular la disposición fiscal donde se ordena su incorporación en esta investigación preliminar.
En la apelación se solicita que se revoque la resolución y se declare fundada la tutela de derechos al considerar que el juez se equivocó cuando analizó la interpretación del artículo 117 de la Constitución referido a la inmunidad presidencial.
Asimismo, señala que la Fiscalía de la Nación, al investigar al mandatario viola el procedimiento establecido por legislación constitucional y afecta la seguridad jurídica haciendo impredecible la actuación de los poderes públicos.
Si dicha apelación es declarada “consentida” por el juez Chekley Soria, será remitida a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que dicho recurso sea evaluado en una audiencia virtual que se programará con la participación de las partes involucradas para emitirse una decisión final al respecto.
El presidente Pedro Castillo es investigado en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en perjuicio del Estado a raíz de dicho caso en el que también están involucrados el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y un grupo congresistas de la bancada de Acción Popular.
Estando, así las cosas, la pregunta es cuánto tiempo durara la agonía de Pedro Castillo. Con las denuncias que tiene es muy difícil que sobreviva y se mantenga en el cargo.
