El ministro de Trabajo, Iber Maraví, cree que está en una república socialista. No hay otra explicación para la llamada “Agenda 19” que él presentó a la Comisión de Trabajo del Congreso, una agenda que solo fue consultada a las llamadas centrales sindicales (CGTP, CUT, CTP), sin recoger la opinión de los empresarios, de los gremios empresariales.
En otras palabras, Maraví presentó un plan para reformar la legislación laboral ignorando al sector que genera el 80% de los ingresos fiscales y provee más del 80% del empleo nacional. Una consecuencia natural de la ortodoxia ideológica del colectivismo. Pero lo más grave de todo es que los 19 puntos presentados por Maraví se convierten en los principales enemigos de la formalización del empleo y aumentan a niveles impensados la precariedad del trabajo.
Por ejemplo, el titular del sector anunció que se prevé el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y la derogatoria del Decreto Supremo que contempla la llamada “suspensión perfecta”. Si se aumenta la RMV al margen de la productividad de las empresas, el único resultado será el aumento del empleo informal. De otro lado, el aumento de la RMV colisiona con el anuncio del ministro de Economía, Pedro Francke, quien señaló que el Ejecutivo no contemplaba esta medida.
Asimismo, si se deroga la suspensión perfecta, en el acto, existirán miles de desempleados y más informalidad. Detrás de los anuncios de Maraví hay un gigantesco desconocimiento sobre cómo funciona la economía y una creencia acerca de que el Estado puede crear derechos y distribuir bienestar, al margen de la riqueza realmente existente.
El ministro Maraví debería volver a leer el mensaje de Guido Bellido ante el Congreso para obtener la confianza. En ese texto se dice que “según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, entre julio 2019 y junio 2020 la tasa de empleo informal ascendió a 74,3%. Esto quiere decir que 74 de cada 100 trabajadores laboran en situación de informalidad”. ¿Cómo entonces se pretende aumentar la formalidad ahorcando a las empresas?
Pero eso no es todo. En la llamada “Agenda 19” de Maraví se contempla una nueva Ley General del Trabajo que, a nuestro entender, intentará consagrar el principio de que el empleo y los derechos solo son asunto de los trabajadores y nada tienen que ver con la inversión del capital, la innovación y el esfuerzo de millones de empresarios grandes, medianos y pequeños –que actúan en los mercados formales e informales–, y los centenares de mercados populares y emergentes de la capital y las provincias.
Igualmente, el sector Trabajo anunció que el Ejecutivo retirará la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la Ley 31131, que establece el régimen CAS (que le costaría al Estado cerca de S/ 5,000 millones). También se informó que se retiraría la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 31188, que regula la negociación colectiva del Estado (que le costaría al Estado alrededor de S/ 6,500 millones). Como se aprecia con absoluta claridad, las propuestas de Maraví desalentarán a las nuevas inversiones, aumentarán la precariedad e informalidad del trabajo y, en el caso del Estado, reventarán la deteriorada caja fiscal.
A nuestro entender estas propuestas revelan la principal falencia del Gabinete Bellido: la ideologización extrema, propia de las corrientes comunistas más ortodoxas, y una ausencia total de capacidad técnica. Únicamente así se entiende que se haya ignorado la opinión del empresariado nacional; es decir, de la gallina de los huevos de oro, que crea la riqueza nacional.
Si se eliminarán las empresas y solo quedarán los trabajadores, el Perú sería Venezuela, con 90% de la población en situación de pobreza. Es decir, el reino del proletariado, la dictadura del proletariado del viejo Marx.