Dina Boluarte asegura que hay un «grupo minoritario» que afecta la unidad del país: «A ellos invoco a un pacto por el Perú»
No cabe la menor duda que el gobierno se inyecto de una buena dosis de renovación de su accionar ante los ataques y pedidos de vacancia. Por todo lado tratan de minimizar los ataques y señalan en conjunto que hay un grupo minoritario que quiere desestabilizar la democracia.
Ese es el mensaje que lanzan los ministros y a ello se suma la corrección que dio la sala superior del Poder Judicial que absolvió a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la mandataria.
Es sin duda un triunfo, pero cuidado que de por medio hay todo un largo trecho de investigación. Pero lo que si es cierto y mucho ojo es que se desnudo la forma tan chicha y con odio como trabaja la fiscalía que esta al mando Marita Barreto y el personal que esta al mando el coronel Harvey Colchado.
Cuantos otros expedientes estarán en similar situación. Y debe actuar los órganos fiscalizadores porque se evidencia primero que los jueces presionados o demasiado brutos pueden ser que solo hacen la copia pega y con errores.
Así, se puede confiar en un juez que firma lo que quieren los policías y una fiscal que solo busca el figuretismo.
Es por eso que quizás la presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que hay un «grupo minoritario» que afecta la unidad del país e invocó a un pacto por el Perú. Estas declaraciones las dio durante la ceremonia de promulgación de la ley que garantiza el acceso a medicamentos genéricos, que tuvo lugar en Palacio de Gobierno.
Como se sabe, el pasado viernes 17 de mayo, el pleno del Congreso rechazó admitir a debate las tres mociones de vacancia presidencial presentadas contra la presidenta Boluarte Zegarra, presentadas tras las últimas investigaciones por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, que implicó la detención preliminar de su hermano, Nicanor Boluarte, y de su abogado por el caso Rólex, Mateo Castañeda.
«Alejados de las voces que dividen, que esperan que claudiquemos, que retrocedamos en este camino por la lucha por el progreso de la patria, a ellos invoco a un pacto por el Perú. Un pacto por la gobernabilidad y por la democracia. Un país dividido, intolerante, así sea un grupo minoritario que muevan estos aspectos que indico, afectan a la unidad. El país demanda la unidad de sus autoridades para seguir adelante», dijo la jefa de Estado.
Asimismo, Dina Boluarte ratificó el compromiso de su gobierno con la salud y con brindar a los peruanos un acceso democrático a los medicamentos, sin que el costo sea una barrera para ello.
«Hoy con esta ley ratificamos nuestro compromiso de luchar contra las prácticas monopólicas y la segmentación del mercado. Queremos que cada peruano tenga el derecho de elegir y acceder a los medicamentos que necesita, sin que el costo sea una barrera para ello. Nuestro compromiso con la salud es irrenunciable», indicó la mandataria a la prensa.
La ley promulgada modifica artículos de la Ley General de Salud y de la Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para garantizar la prescripción y oferta obligatoria de medicamentos genéricos en establecimientos públicos y privados.
Asimismo, la norma establece la obligación de mantener un stock mínimo del 30 % de medicamentos esenciales genéricos en las farmacias, boticas y servicios de farmacias.
«Un patria fuerte y próspera es aquella que asegura que sus ciudadanos tengan acceso a la salud, a la educación de calidad, sectores sobre los cuales el gobierno trabaja arduamente y sin descanso. Tenemos una visión clara, ningún peruano debe postergar su salud debido al costo de los medicamentos. Por ello con esta ley los medicamentos seguros, eficaces y mucho más asequibles estarán disponibles para todos y todas», indicó Boluarte al respecto.
«Este es un paso gigantesco hacia la democratización de la salud en nuestro país. La ley fortalece también la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Además, se establece la obligación de mantener un stock mínimo del 30% de medicamentos esenciales genéricos en todas las farmacias del sector privado a nivel nacional. De esta manera garantizamos que exista más oportunidades y accesibilidad para quienes lo necesiten», afirmó.
Al finalizar su discurso, la mandataria agradeció al Congreso de la República por comprometerse en la lucha por el acceso a medicamentos genéricos.
En un tono muy similar, pero más agresivo el ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que existe un claro acoso político a la gestión de la presidenta Dina Boluarte por parte de un sector de la Fiscalía al calificar como injusta la detención preliminar de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda.
En ese sentido, Vásquez Sánchez acusó al coronel Harvey Colchado de ser un “operador político” y no descartó que postule a un cargo público. Además, le instó a que entregue al Ministerio Público los supuestos audios que comprometerían la situación del abogado de la presidenta Dina Boluarte.
En otro momento, el titular de Salud consideró que la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) debió ser desactivada hace mucho tiempo al señalar que existe otro grupo especial de la Policía Nacional que apoya al Ministerio Público en sus operaciones.
«La Fiscalía, creo, tiene un afán enfermizo de acosar al gobierno (de Dina Boluarte). Creo, sinceramente, que la Fiscalía está infestada por una influencia caviar», sostuvo Vásquez.
Ante las revelaciones del exlíder de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, sobre presuntos favorecimientos al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte; el alto funcionario fue sarcástico al señalar que este podría convertirse en un candidato al cargo de congresista o presidente de la República.
César Vásquez dijo que evaluaría una posible renuncia si se llega a comprobar que la presidenta Dina Boluarte tuvo influencias, a través de su abogado, para evitar investigaciones en su contra. Sin embargo, mientras no se comprueba ello, seguirá siendo parte del Gabinete.
Por otro lado, quien se encargará de ver el tema de Diviac y los policías politizados es el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien expresó que lo que se requiere en este momento en su sector es una gestión inmediata en el tema de lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada.
“Mi gestión en este momento está sumamente preocupada por generar detenciones importantes, capturas importantes vinculadas a la criminalidad organizada”, señaló en entrevista con Punto Final.
“Entiendo que es un sector complicado (Interior), difícil, pero creo que es un sector que lo que requiere es resultados a corto plazo”, sostuvo el ministro.
Asimismo, expresó que ofrecerá al país, durante su gestión, los conocimientos que ha adquirido a lo largo de 20 años, durante los cuales ha trabajado no solo en el Perú sino también en más de cinco países de Latinoamérica, en cinco policías distintas.
“Yo he venido a defender a mi Policía Nacional, he venido a hacer una lucha frontal contra la delincuencia”, sostuvo el titular del Mininter, quien dijo, además, no ser “abogado de la presidenta Dina Boluarte” o de personas del entorno de la mandataria.
De otro lado, sostuvo que como parte de su labor como abogado logró la reincorporación de cerca de 40 miembros de la Policía Nacional, pero que estos habían salido de la institución por temas de renovación de cuadros y no por medida disciplinaria. Uno de ellos, precisó fue el caso del efectivo Elvis Miranda, quien abatió a un delincuente en Piura en 2019.
Sobre la presunta llamada de la jefa de Estado al jefe de la División de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, Franco Moreno, sostuvo que, de acuerdo con el informe que este último ha presentado a la Fiscalía, la solicitud de información no tuvo que ver con el tema de su hermano, Nicanor Boluarte, sino que se centraron en las acciones de la Diviac e información relacionada.
Santiváñez remarcó también que durante su gestión trabajará no solo para conseguir la pronta captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sino también de todos aquellos que hoy estén prófugos. Sostuvo que ya ha convocado a especialistas para lograr dicho objetivo, pero se excusó de dar más detalles por razones de seguridad.
De otro lado, el Mininter informó que su titular sostendrá una reunión con el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), César Sahuanay, a fin de establecer los lineamientos y procedimientos para brindar protección policial a aquellos magistrados cuyo requerimiento esté amparado por ley.
Asimismo, la cartera precisó que la remoción de seguridad a ciertos magistrados obedece a una concesión regulada por decreto supremo y por una directiva del sector, que establece cuáles son los requisitos para que cada funcionario pueda contar con la seguridad que su labor requiere.
