Los sectores que defienden la Constitución y las libertades en el Perú deben entender con urgencia que no se puede preservar el equilibrio de poderes, el control del poder político y las libertades si no se defiende la economía de mercado, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. Si la economía se destruye, si aumentan la pobreza y la impaciencia social, entonces, se legitimará el discurso colectivista que señala que el origen de los problemas está en el modelo y la constituyente.
En ese sentido es urgente entender la enorme importancia de la agroexportación que, en dos décadas, ha posibilitado incrementar nuestras exportaciones de US$ 850 millones a más de US$ 7,000 millones. Pero lo más relevante es que el milagro agroexportador solo se ha desarrollado en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura, la mayoría de las cuales fue ganada al desierto a través de los proyectos hídricos.
Entretanto los más de 2.2 millones de minifundistas, que controlan el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura, desarrollaban una actividad de subsistencia que los condenaba a la pobreza. En otras palabras, en el Perú se desarrolla la mejor agricultura del mundo y la peor del planeta. Sin embargo, el gobierno de Castillo pretende desarrollar una segunda reforma agraria excluyendo a la mejor agricultura del mundo: ¡A la agroexportación! Una propuesta de ese tipo solo se puede entender desde la esclavitud de la ideología colectivista.
¿Cómo entender el milagro agroexportador que, en dos décadas, captó más de US$ 20,000 millones en inversión? Es incuestionable que la explicación está en la Constitución de 1993 y en la Ley de Promoción Agraria –que establecía regímenes tributarios y laborales especiales–, que fue absurdamente derogada por el anterior Congreso y la administración Sagasti.
Sobre esos cimientos constitucionales y legales, los 22 tratados de libre comercio posibilitaron un mercado de cerca 5,000 millones de personas en los cinco continentes para las 600 variedades de frutas y hortalizas que exporta nuestro país.
De otro lado, el régimen laboral agrario que posibilita contratar de acuerdo a la estacionalidad de la actividad agraria (siembra, mantenimiento y cosecha) –hoy amenazado por algunos cambios legales– permitió contratar a más de un millón de trabajadores formales y, en algunas zonas agroexportadoras (como Ica), reducir la pobreza por debajo del 10% de la población. Verdaderos milagros económicos y sociales.
Pero allí no quedan los círculos virtuosos de la agroexportación. A contracorriente de los relatos colectivistas, el sector es uno que promueve la consolidación de las pymes (agrarias). Por ejemplo, de un total de 13,285 unidades agroexportadoras alrededor de 10,149 empresas desarrollan sus actividades en menos de 5 hectáreas. Es decir, más del 80% de las agroexportadoras son pymes.
¿Cómo, entonces, transformar la situación de más de 2.2 millones de minifundistas –herederos de la primera reforma agraria de Velasco– que viven en subsistencia y pobreza? La respuesta: convertir a la agroexportación en la locomotora y en el modelo a replicar.
Los minifundistas del Perú necesitan derechos de propiedad para fomentar la asociatividad, celebrar contratos y conseguir créditos de la banca. Igualmente se necesita resolver los problemas de infraestructura, sobre todo agua y carreteras. Asimismo, el Estado debe promover sistemas de información sobre la demanda en los mercados nacionales e internacionales.
De otro lado, los proyectos hídricos paralizados deben avanzar con rapidez para convocar nuevas inversiones agroexportadoras que se conviertan en las locomotoras del desarrollo en todas las regiones del país.
Sin embargo, desarrollar estos objetivos implica predictibilidad legal. En ese sentido, el Congreso de la República debería restablecer la vigencia de la derogada Ley de Promoción Agraria para evitar que los capitales nacionales emigren a países vecinos (como Colombia) o de otros continentes.
