Una salida para las crisis en las relaciones Ejecutivo – Legislativo
La reciente disolución parlamentaria y convocatoria de nuevas elecciones en Ecuador, denominada “muerte cruzada” –en el argot político–, ha dado lugar a comparaciones con la forma de gobierno peruana. La primera diferencia es que la disolución ecuatoriana es voluntaria. Es una decisión presidencial luego de un diagnóstico sobre la coyuntura política que se vive con la oposición parlamentaria (artículo 148 CE). El jefe de Estado puede decidir el “game over” y convocar un adelanto de elecciones generales, para que los ciudadanos decidan el partido que tendrá la mayoría parlamentaria y cuál candidato ganará la presidencia. En el Perú, se trata de una disolución condicionada a la censura o rechazo de confianza a dos gabinetes (artículo 134 CP). Las elecciones serán al legislativo y de carácter complementario para culminar el mandato congresal. Una decisión facultativa del presidente no aplicable en el último año de mandato electoral. En la práctica, la disolución opera como un medio populista para poner fin a un periodo de crispación entre las funciones ejecutiva y legislativa. La retórica de la obstrucción parlamentaria, el interés del ejecutivo para gobernar de cara a la población y de espaldas del Congreso que lo fiscaliza es la temperatura ideal para “cocinar” la disolución a “fuego lento”. Un periodo que le permite legislar por decreto.
La presencia de la disolución parlamentaria debió mantenerse como una posibilidad latente más que una realidad palpable. Una herramienta o arma disuasoria más que un fin o instrumento por utilizar tras un deterioro de las relaciones Gobierno-Congreso. La posibilidad de disolver el Congreso debería producir un cambio de comportamiento entre ambos poderes, que cada uno mantenga su línea de acción y no invada competencias del otro; hacer política que es saber ceder posiciones y encontrar el punto medio para tomar una decisión, así funcionan las reglas del juego político.
La decisión de aplicar la muerte cruzada en Ecuador o la disolución condicional en el Perú demanda el previo cálculo sobre de cuál lado correrán los vientos del electorado. Disolver para perder y quedar peor que antes será un fracaso político. El expresidente Martin Vizcarra disolvió el Congreso (irregularmente) sin presentar una lista parlamentaria que lo blinde en el pleno, para que el nuevo legislativo terminara vacándolo a los pocos meses. El Presidente Guillermo Lasso del Ecuador ha decidido disolver el legislativo pero sin un claro apoyo ciudadano a su gestión.
La muerte cruzada es una institución promovida por Rafael Correa en la Constitución ecuatoriana de 2008. Su finalidad es utilizarse si el ejecutivo carece o pierde mayoría en el Congreso, pero tiene como requisito previo crear las condiciones que favorezcan la campaña presidencial. Poner en práctica un conjunto de medidas compuestas por bonos y diversas políticas públicas populistas que le aseguren la victoria sobre una oposición que tildará de tradicional, cavernaria, obstruccionista, insolidaria y que no representa a los más necesitados. En resumen, disolver para ganar es su principal razón y propósito.
La disolución se instala en la Constitución peruana de 1979 como resultado de la experiencia del primer gobierno de Fernando Belaunde Terry cuando, encontrándose en minoría parlamentaria, la oposición le censuró un primer ministro y varios ministros. La Constitución vigente de 1933 recogía la censura mas no la disolución, dos instituciones estrechamente relacionadas en los parlamentarismos que no están previstas en los modelos presidenciales. La Carta de 1979 establecía la condición de tres gabinetes caídos para poder disolver el Congreso, pero la Constitución de 1993 la redujo a dos; es decir, el Congreso estará en jaque a partir de la exigencia de responsabilidad a un gabinete ministerial.
Es probable que la decisión de aplicar la muerte cruzada en Ecuador y sus resultados en las próximas elecciones generales darán inicio a una práctica para las futuras relaciones ejecutivo-legislativo, cada vez que el presidente carezca de mayoría parlamentaria; similar efecto al ocurrido en el Perú donde la disolución decretada el pasado 30 de septiembre de 2019 abrió las puertas a la vacancia presidencial producida el 9 de noviembre de 2020. Se trata de instituciones de efectos “nucleares” puestas en práctica y que llegaron para quedarse.
