La izquierda desata intolerancia y pretende judicializar opiniones
El Foro de Sao Paulo acaba de enviar a Lima algunos buses, desde el norte y el sur, con el objeto de reunir contingentes de activistas en Lima «que recuperen las calles», que han sido tomadas masivamente por los sectores del centro derecha. Desde el norte vienen ciudadanos ronderos, y desde el sur militantes del movimiento etnocacerista. La izquierda debe lograr concentrar 1,500 activistas, quizá algo más.
Las masas hoy están distantes del discurso radical; incluso en Puno y Arequipa las calles comienzan a ser tomadas por la centro derecha.
La centro derecha promueve movilizaciones exigiendo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contraste con el padrón electoral las actas impugnadas, observadas y con demandas de nulidad; que se acepte la nulidad de más de 802 actas con firmas falsas, con votos de fallecidos y niños. Estas movilizaciones se caracterizan por lo siguiente: son masivas, pacíficas, ordenadas, cívicas –en ellas participan abuelos, padres e hijos– y, sobre todo, se desarrollan en diálogo y coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
En otras palabras, las movilizaciones de la centro derecha expresan el legítimo derecho a la protesta que consagran la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Algo más. Estas marchas son las más grandes de las últimas décadas, exceptuando las movilizaciones religiosas.
Las movilizaciones que comienzan a desarrollar las vanguardias del Foro de Sao Paulo, muy por el contrario, tienen la marca de la confrontación, pretenden asumir el control territorial de calles y plazas y buscan infundir miedo en la población. Los ronderos del norte que avanzan raspando machetes en las pistas; y el avance de los etnocaceristas que evoca formaciones castrenses, forma parte de esa coreografía. De alguna manera estas vanguardias de activistas recuerdan a “las camisas pardas” de los años treinta del siglo pasado, las primeras organizaciones paramilitares del Partido Nacionalista Obrero Alemán (Partido Nazi).
La actuación de estas vanguardias, al margen de su número reducido, buscará reeditar el conocido libreto de la violencia en América Latina: instaurar zonas liberadas en calles y plazas, amedrentar a la población y provocar enfrentamientos violentos con la PNP, en busca de una cuota de sangre. Es decir, en busca de muertes que justifiquen que la violencia siga escalando.
Planteadas las cosas así, la administración Sagasti y el sector de Interior tienen una responsabilidad de primer orden en hacer respetar la Constitución, la ley y el orden. Y vale la pena subrayar este aspecto porque la administración Sagasti y la actual mesa directiva del Congreso, igualmente, han surgido de un golpe de masas, del lenguaje de la calle. En este contexto, ¿qué medidas va a asumir el Ejecutivo para preservar la ley y el orden en una situación de creciente intolerancia?
A este hecho se suma el intento de un sector del país de acallar las opiniones –al margen de su aciertos o errores– de otro sector que propone o sugiere desarrollar nuevos comicios para la segunda vuelta, como una manera de buscar una salida política. Se pretende judicializar a quienes han opinado en este sentido, echando combustible a una hoguera que puede levantarse sin control y envolver a toda la sociedad.
En el Perú de hoy todo es división, encono y todo huele a confrontación. El deber de cualquier élite es reconocer la situación y luego proponer y ratificar el camino constitucional de la solución de los diferendos políticos. Exacerbar la confrontación es una grave irresponsabilidad en estas circunstancias, porque podría encender una polarización que todos los peruanos de buena voluntad deben evitar.
De otro lado, a las cosas se les debe llamar por su nombre. “Los camisas pardas” del radicalismo llegan a Lima; no obstante, algunos llaman fascistas a familias completas que marchan con la camiseta de la selección peruana. ¡No puede ser!
