JNE sin quórum y cuestionado por mayoría democrática del país
Uno de los procesos electorales más accidentados de nuestra historia republicana, no solo por las décimas de punto que separan a Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular –luego de los resultados preliminares–, sino, sobre todo, por las denuncias de irregularidades y de fraude en mesa, comienza a bambolearse y amenaza con viciarse.
Se acaba de conocer la declinación del magistrado Luis Arce a integrar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien se oponía a la aplanadora de tres miembros que lideraba Jorge Salas Arana, presidente de esta entidad. La renuncia de Arce se produce inmediatamente después de que la mayoría del tribunal se opusiera a contrastar con el padrón electoral las actas impugnadas, las observadas por la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las que tenían demanda de nulidad.
¿Por qué se opuso la mayoría del JNE? Es asunto que quedará para la historia y que demandará investigaciones de diversas entidades, porque verificar las actas cuestionadas con el padrón de los votantes es un procedimiento que, ante la extrema polarización del país, el JNE debió desarrollar de oficio.
Con la negativa del JNE a revisar las actas que comprometían a más de medio millón de votantes era evidente que todo se convertía en un saludo a la bandera, y el Perú había sido comunicado de que la corte electoral iba a proclamar al candidato comunista por una diferencia cuestionada de 40 mil votos. En este contexto, se produce la renuncia de Arce y desmorona la credibilidad de la entidad electoral.
Ahora bien, el JNE se ha convertido en una entidad llena de flecos y cuestionamientos. La prueba de esta situación es que el representante del Colegio de Abogados de Lima nunca pudo integrar la corte por una serie de acciones judiciales que impulsó la izquierda. De esta manera, Salas Arenas, el titular del JNE, tenía doble voto. Una irregularidad que nunca se debió aceptar.
Igualmente, vale recordar que, a una semana de la segunda vuelta, Delia Revoredo, presidente del Pacto Ético Electoral, Gastón Soto Vallenas y Carmen Mc Evoy, integrantes del mismo organismo, renunciaron arguyendo temas administrativos. En realidad, las tres personalidades estaban dejando en claro que no avalaban la lógica de las autoridades electorales.
Planteadas las cosas así, surgen las inevitables preguntas. Si el JNE no puede sesionar con tres miembros por su ley electoral, ¿se salva el actual proceso electoral? Se puede responder con argumentos administrativos y procesales. Por ejemplo, que Arce no puede renunciar. Muy discutible considerando la renuncia de Javier Valle Riestra al Congreso, Es decir, una situación equiparable. Se puede señalar también que el Ministerio Público puede nombrar un reemplazante.
Desde el punto de vista procesal puede haber decenas de costuras y zurcidos a los comicios electorales. Sin embargo, desde la legitimidad y autoridad de la corte electoral, el asunto parece complicado. Sobre todo porque se corrió el velo y se vio a la distancia la clara decisión de proclamar a Castillo, cueste lo que cueste.
Desde el punto de vista de la política y la gobernabilidad el tema se vuelve más dramático. Empieza a parecer extremadamente difícil que esta corte electoral proclame un jefe de Estado y luego más de la mitad del país acepte la decisión. Sobre todo cuando el favorito de las autoridades electorales pretende convocar a una constituyente y colectivizar la economía.
De una u otra manera, la solución de la crisis institucional, política y económica del país demanda el concurso de todas las instituciones, incluido el próximo Congreso, pero con el más absoluto respeto de la Constitución.
