Un problema agudizado por la pandemia
El 24 de marzo del 2021, en el Hospital Base III de EsSalud de Puno, un médico denunció “haber sido agredido con patadas y puñetes, por un efectivo policial, quien lo acusó de haber actuado negligentemente” en el deceso de una víctima del Covid-19, según relata el diario El Correo de Puno. Según el diario, el médico declaró, tras someterse al examen médico legal, que el paciente había concurrido al establecimiento de salud con el 95% de compromiso pulmonar, y que “era prácticamente imposible salvarle la vida”. Por otro lado, la esposa del fallecido recalcó que “nadie puede recibir con tranquilidad una noticia así,” y el gerente de EsSalud señaló que “lamenta los hechos.” Además, el Colegio Médico del Perú, ha expresado “su indignación y enérgico rechazo” más aún, “cuando hasta la fecha hay 403 médicos fallecidos y 13,073 médicos infectados”, reitera que el Congreso de la República apruebe la ley que pena a quien agreda al personal de salud, y realiza un llamado a la población a mantener la calma y el respeto frente a los médicos. Sin embargo, a pesar del rechazo y la reprobación que genera un acto de violencia, es necesario analizar los aspectos que llevan al ejercicio de la violencia en el campo de la salud, con la finalidad de corregirlos.
Un aspecto es la resignación con que actúan los funcionarios del sector salud. La frase del gerente que publica la prensa, es contundente: “lamenta los hechos”. Es la demostración de la incomprensión de sus funciones y la falta de conciencia de las relaciones conflictivas que se generan debido a la escasez de oferta de servicios de salud frente a las necesidades insatisfechas y al pánico a la muerte de los pacientes y sus familiares. Este desajuste, trastoca la relación de confianza y humanidad que existe entre el establecimiento de salud y la población, en uno de conflicto, violencia y judicialización.
La gestión hospitalaria está en la obligación de paliar esa brecha mediante mecanismos de seguridad, comunicación y empatía. Además se debe comprender que las funciones de los gestores son invisibles para los pacientes y usuarios. La cara visible, y a quién se le atribuye la responsabilidad, es la persona que brinda la atención en modo directo. En ese contexto, la conflictividad se acrecienta cuando los funcionarios utilizan el mecanismo de la tenaza; es decir, en un brazo, el funcionario que atiza y culpa a los médicos y servidores de salud, en el otro brazo, la población demandante de cuidados y atenciones médicas y al centro de la tenaza, los médicos y servidores de salud, estrujados, en mayor o menor medida, de acuerdo con las circunstancias. Es obvio, que la utilización de la tenaza solo beneficia a los que la sostienen: los funcionarios, porque eluden y transfieren su responsabilidad, por decisiones que solo a ellos les compete. Por otro lado, los perjudicados son los servidores de la salud, a quienes se le ha transferido, en modo indebido, la responsabilidad de los funcionarios, y por tanto, asumen procesos administrativos, éticos, civiles y penales; pero, al final, también los propios pacientes.
Si bien es cierto que la escasez de servicios de salud, la violencia y maltrato contra los médicos antecede a la pandemia, ahora se han incrementado. En ese contexto, parece increíble que las autoridades no tomen las medidas de seguridad con policías, vigilancia privada y acompañamiento por circuitos y flujos seguros. Solo basta recordar que han ocurrido balaceras en las emergencias, golpizas e insultos en los consultorios de los hospitales, así como, en los centros y puestos de salud del Primer Nivel de Atención. En esa misma línea, los funcionarios están obligados a ofrecer información y comunicación adecuadas para que los pacientes, los familiares y la población comprendan las medidas que han adoptado para paliar la escasez en el cuidado y la atención de salud en las diversas áreas y servicios. Asimismo, es necesario evitar el tumulto y el reclamo airado.
Otro aspecto está relacionado con la preparación para dar malas noticias. La gestión hospitalaria está en la obligación de crear ambientes adecuados y resguardados, con equipos de profesionales preparados, con pautas validadas, para dar malas noticias. Esto implica el conocimiento profundo de la historia clínica, las discrepancias y deficiencias de los servicios, la cultura, los usos y costumbres de los pacientes y familiares, así como, la empatía a la hora de dialogar y entablar la comunicación. La pandemia no debería ser un pretexto para deshumanizar esta relación, tan especial para los seres queridos, y transformarla en mero suministro de información fría y rutinaria. La negación y la ira por la desgracia podría desencadenar respuestas antisociales y patológicas en los afectados, así como, la posibilidad de transformar su duelo natural e inevitable, en un duelo malsano y patológico que altere su convivencia familiar, laboral y social, que requiera, en el futuro inmediato, atención médica especializada.
El Poder Ejecutivo debe corregir los ambientes en los que se genera la violencia y el maltrato en los hospitales, clínicas, centros y puestos de salud. Además el Congreso de la República debe aprobar la ley que pena a quien agreda al personal de salud, que se encuentra en la agenda del Pleno. ¡Basta de agresiones contra los médicos!
