- El juez John Javier Paredes Salas es toda una joyita, varias veces fue sancionado e instancias superiores han corregido sus controvertidos fallos
La Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, presentó una denuncia penal contra el juez John Javier Paredes Salas, quien dictó una medida cautelar que suspendía la demolición de viviendas en San Juan de Miraflores, como parte de las obras de ampliación de la Vía Expresa Sur.
A través de un comunicado, la comuna acusó al magistrado titular del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, de presuntamente haber cometido los delitos de prevaricato y usurpación de funciones. Según la denuncia, Paredes Salas dictó una medida que favorecía a los habitantes del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve, cuando este tipo de resoluciones solo pueden ser emitidas por una Sala Superior.
“El municipio exige la nulidad de la medida, ya que este tipo de decisiones deben ser tomadas únicamente por la Sala Superior”, se indicó en el comunicado.
La comuna capitalina expresó que el magistrado está denunciado por prevaricato ante la Autoridad Nacional de Justicia y la JNJ a fin de que sea sancionado «drásticamente».
La Municipalidad de Lima denunció por el presunto delito de prevaricato y usurpación de funciones al juez Javier Paredes Salas por dictar una medida cautelar que intentó, según la comuna, suspender las obras en la Vía Expresa Sur.
Según la MML, este proceso legal contra el magistrado fue realizado por la Procuraduría Municipal, que también exigió la nulidad de la medida que dictó Paredes Salas, señalando que esta disposición solo la puede hacer una Sala Superior.
«Se le está denunciando ante la Autoridad Nacional de Justicia y la JNJ a fin de sancionar drásticamente a este operador, que antes ha beneficiado al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, y que cuenta con diversas denuncias», se lee en el pronunciamiento que emitió la Municipalidad de Lima en sus redes sociales.
Tras el fallo del tribunal, Carlos Peña, representante de Emape, aseguró que la medida cautelar dictada no detendrá los trabajos programados para la ampliación de la Vía Expresa Sur.
“Algunas personas han malinterpretado la información sobre la propuesta de Graña y Montero, que ya contaba con peajes previamente acordados y provenía de contratos que sabíamos estaban vinculados a irregularidades. Creyeron erróneamente que sus predios se encontraban en el trazado de la vía, pero no es así. Por lo tanto, esta medida cautelar no interrumpirá las actividades del proyecto”, afirmó Peña durante un evento realizado en el distrito de Barranco.
El representante de Emape también destacó que la Municipalidad de Lima tomará acciones legales para revertir la decisión del juzgado, argumentando que los predios incluidos en la medida cautelar no están ubicados dentro del trazado principal de la vía. “Por lo tanto, no afectarán el desarrollo de las obras”, subrayó Peña.
Más de 20 viviendas en el Asentamiento Humano Luis Felipe De las Casas Grieve II, en el distrito de San Juan de Miraflores, se encuentran protegidas por una medida cautelar emitida por el Poder Judicial, a favor de un grupo de vecinos encabezado por Ricardo Wilfredo Salazar Chacchi, Valentín Montañez Supa, Cacilda Huayhuas Pardo, Estelita Juana Ramírez Chipana de Montañez, Julia De la Cruz Cárdenas y José Suárez Cárdenas.
Los residentes, al enterarse de los comentarios de Emape, pidieron que la Municipalidad de Lima (MML) acate lo dispuesto por el tribunal. “Gracias al Poder Judicial, tenemos una medida cautelar que nos favorece para que el alcalde no continúe con sus abusos. Que respete esa ordenanza y nada más”, expresó uno de los afectados.
Por otro lado, los vecinos compararon su situación con la del Terminal Terrestre de Atocongo, cuya demolición se ha postergado, argumentando que una parte significativa de sus ingresos se destina a obras de caridad.
“Aunque las 23 viviendas afectadas están protegidas, pediremos una ampliación para los vecinos ausentes. A diferencia de nosotros, que no contamos con apoyo, el Terminal de Atocongo sigue intacto gracias a su aporte social”, indicaron.
El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del juez John Javier Paredes Salas, dictó el 10 de enero de 2025 una medida cautelar a favor de los residentes del Asentamiento Humano Luis Felipe De las Casas Grieve II, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.
La medida suspende la demolición parcial y total de sus viviendas, dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el marco del proyecto de ampliación de la Vía Expresa Sur. El juez ordenó la suspensión provisional de las medidas de demolición, indicando que este tipo de acciones no deben considerarse provisionales, ya que sus efectos son irreversibles.
Señaló que, según el artículo 34.11 de la Ordenanza N° 2200, las demoliciones solo pueden ejecutarse tras la conclusión del procedimiento sancionador con una resolución en firme.
Además, destacó que las viviendas afectadas están saneadas desde 1994 y no presentan riesgos para la salud ni infringen regulaciones urbanísticas, lo que justifica la suspensión de las demoliciones hasta que se resuelva el proceso judicial.
El juez John Javier Paredes Salas es un viejo conocido por sus fallos nada santos y muy controvertidos. Ultimamente con su resolución paralizó la elección del Defensor del Pueblo. También favoreció con su sentencia a Vladimir Cerrón . Paredes llegó al Tercer Juzgado Constitucional de Lima en 2018 y hasta la actualidad se ha mantenido en este despacho emitiendo resoluciones de hábeas corpus, amparos y otras demandas constitucionales.
El magistrado fue nombrado en esta oficina judicial en reemplazo del procesado y sentenciado exjuez Ricard Chang Recuay, vinculado a diversos actos de corrupción de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
En los últimos años, Paredes Salas ha tenido notoriedad por haber beneficiado a polémicos personajes como el prófugo fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón y el exgerente de PetroPerú, Hugo Chávez, con resoluciones controversiales.
Fue secigrista en el Tribunal Constitucional (TC), asesor en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y profesor de derecho constitucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Según la Sunedu, es abogado especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y biólogo con mención en microbiología y parasitología, por la misma casa de estudios.
Según registro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Paredes Salas ingresó a la carrera judicial en abril del 2013 como Juez de Paz Letrado, pasó a ser titular incorporado como Juez de Paz Letrado Titular del 3º Juzgado de Paz Letrado – Lima – Surco y San Borja y luego de postular a la Convocatoria 005-2021-SN/JNJ fue nombrado como Juez Especializado Constitucional Titular, en noviembre del 2022.
Durante la audiencia del proceso para su selección en el 2022, se le preguntó por las denuncias que había acumulado en su contra por su actuación funcional. Hasta entonces eran 20 denuncias, de las cuáles 14 fueron por retardo en la administración de justicia.
“Es obvio que tenemos retardo, por el hecho de la carga que tenemos”, admitió el magistrado.
En la calificación obtuvo puntajes de 90, 91, 92 de parte de los miembros de la JNJ. Solo los abogados Aldo Vázquez e Imelda Tumialán le otorgaron puntajes de 84 y 86, respectivamente.
Tumialán resaltó que, sobre aspectos relevantes del tema constitucional, las respuestas de Paredes Salas “fueron generales, demostrando poca seguridad, salvo lo relacionado al examen de convencionalidad”.
Según el registros de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Paredes Salas ha sido sancionado hasta en tres oportunidades.
El juez John Paredes tampoco ha estado excento de las críticas a su sentencia por parte del Tribunal Constitucional (TC). Una de sus sentencias fue analizada en el marco de la demanda competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial (PJ) por la emisión de resoluciones que -en su momento- suspendió el proceso para la designación de un Defensor del Pueblo.
El juez, como se recuerda, declaró fundada en parte la demanda de amparo presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, y ordenó la suspensión del procedimiento de designación del defensor del Pueblo por parte del Congreso.
Por ello, ordenó poner en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia el comportamiento del juez juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, John Javier Paredes Salas, quien había menoscabado las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso en el proceso de designación del Defensor del Pueblo, a fin de que evalúe institucionalmente los hechos conforme a sus atribuciones.
