Colectivistas y radicales paralizan actividades mineras
En Ayacucho, pobladores azuzados por los comunistas incendiaron las instalaciones de las minas Apumayo y Breapampa, exactamente igual como fueron atacadas las agroexportadoras de la costa en diciembre pasado. Estos hechos de violencia extrema no son aislados.
En Huarmey ha sido bloqueada la carretera que conduce a la mina Antamina. La minera ha suspendido las operaciones con el fin de proteger a sus trabajadores de la violencia comunista. En Cusco, la vía que conduce a la mina Constancia fue interrumpida por manifestantes que tampoco son del lugar. Y en Apurímac los conflictos son interminables en la mina Las Bambas, el más grande productor de cobre del país. ¿Acaso el Gobierno participa de la estrategia del marxismo extremista? ¿Impulsa una percepción ciudadana contraria a la inversión minera con el fin de confiscarla? ¿Las demandas de los dirigentes en nombre de la población encubren un plan político siniestro?
La mesa de diálogo dispuesta en Las Bambas, con el supuesto fin de resolver las exigencias de la población, continúa estancada por la intransigencia de los dirigentes. Y como era previsible, personas vinculadas con la dictadura venezolana son parte del vendaval bolivariano en el sur y las localidades mineras.
Además, vale señalar que Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, ha sido abogada y secretaria ejecutiva de la ONG antiminera Grufides, del ex congresista del Frente Amplio, Marco Arana. La paralización del proyecto de cobre Conga en Cajamarca es su mejor tarjeta de presentación. Asimismo los numerosos proyectos de ley presentados en el Congreso de la República que intentan impedir y limitar el aprovechamiento de los recursos naturales y la ejecución de obras públicas que benefician a los pobladores de la Amazonía y zona minera.
En este escenario de avance del comunismo, controlado por el maoísmo, los objetivos son claros: la profundización de las contradicciones sociales (limeños contra provincianos) y acumulación de fuerzas. El asalto del poder por intermedio de las turbas está en proceso. En cualquier momento, cocaleros y ronderos tomarán las calles. Veremos al “pueblo organizado” defendiendo su gobierno en Lima y principales plazas del país exigiendo la instalación de una Asamblea Constituyente y desde allí la patria socialista que plantea Vladimir Cerrón en el ideario de Perú Libre.
“El pueblo pide una nueva Constitución y la recuperación de los recursos naturales”, dirán desde Palacio de Gobierno. El plan incluye la demonización del Congreso fuera del control del comunismo. Los profesores del Conare –ahora de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenate), parte del Movadef, que organizó la huelga magisterial de 2017– no están de brazos cruzados. Son parte medular del plan que sacará a las calles a los escolares que son adoctrinados en los colegios estatales. El escenario ideal de convulsión social generalizada. “La culpa es de la Constitución, el capitalismo y neoliberalismo”, anuncian cínicamente. ¿Ficción? Ya lo veremos.
El gobierno de Castillo es ya una gestión nociva. Los conflictos sociales espantan las inversiones necesarias para reducir la pobreza, el desempleo y la informalidad. La situación amenaza empeorar y pone en peligro la viabilidad nacional. ¿Existen vías democráticas para detener el avance firme del comunismo y de sus aliados (narcotráfico y la criminalidad extendida en los gobiernos locales)? ¡Agárrate, Catalina! La libertad y la democracia van directamente al abismo.
