Patricia Benavides Vargas presentó este lunes un recurso de reconsideración ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para revocar la suspensión provisional de su cargo como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
A través de un oficio enviado a la titular de la JNJ, Imelda Tumialán, Benavides Vargas fundamentó que, pese a las acusaciones, no afronta una investigación fiscal por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en las altas esferas del MP y con nexos en el Congreso.
“Debo precisar que hasta el momento no tengo carpeta fiscal abierta en mi contra ni estoy siendo investigada por el presunto delito de organización criminal”, se lee en el documento.
La suspendida magistrada se refiere a que no está incluida en la investigación que realiza el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) contra su otrora hombre de confianza, Jaime Villanueva, y sus asesores Miguel Ángel Girao y Abel Hurtado Espinoza.
Sin embargo, según investigaciones del Eficcop, Villanueva habría sido el intermediario de Patricia Benavides para que algunos congresistas impulsen la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo.
“El elemento de convicción es que mi exasesor es sindicado como integrante de la presunta organización criminal que opera al interior del Ministerio Público, sindicándome como líder de tal delito, es por ello por lo que niego rotundamente ser parte de una organización criminal y mucho menos ser líder de ella”, indicó Patricia Benavides.
Por este caso, la JNJ suspendió provisionalmente durante seis meses a Patricia Benavides como fiscal suprema y, por lo tanto, como fiscal de la Nación.
Según la institución, esta medida contra la titular del Ministerio Público se da por el procedimiento disciplinario que se le sigue y para asegurar el normal desarrollo del mismo para su resolución final.
«La JNJ actúa en estricto cumplimiento de la constitución, su ley orgánica y su reglamento de procedimientos disciplinarios, garantizando del debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigación», se lee en el pronunciamiento.
