· Continua en su campaña de victimización porque dice que viene del campo
· Castillo debe entender que hay pruebas en su contra y que nadie las inventa, son sus cercanos colaboradores los que han declarado
El presidente Pedro Castillo se encuentra sumamente muñequeado. No lo aparenta. Y sigue azuzando contra el Congreso, los partidos políticos, la Fiscalía y el Poder Judicial y quiere que los medios de comunicación no toquen su caso y se encuentra preocupado por las informaciones que se filtran, por eso ordeno a su aparato legal interponer una medida tutelar.
Y la preocupación más seria y que va más allá de las acusaciones en su contra, es que sus familiares estén detenidos. Y la versión de la fiscalía es que en los próximos días ordenaran detenciones de cercanos colaboradores y quizás de Lilia Paredes, la primera dama.
Es por eso que Castillo, donde va arremete contra quienes los investigan, esta vez aseveró que los cuestionamientos en su contra y las investigaciones que se le siguen se deben a que “viene del campo” y a que estamos en una “época racista”, pues estaría siendo discriminado por su origen.
“Ha pasado un año que se han empecinado un sector de la población, que han entrado incluso a Palacio, a mi dormitorio, por eso desde acá insto a las autoridades a que dejen de hacer eso, es la primera vez en la historia del Perú que se han enseñado con este Gobierno porque vengo del campo, se han ensañado en una época racista, totalmente racista”, indicó.
“Porque no hablo como ellos, porque no me siento en las mesas opulentas como ellos, porque camino junto al pueblo desde acá les digo que no me voy a separar de mi pueblo, ha llegado la oportunidad de darles ingreso libre a las universidades, de declarar en emergencia e impulsar el agro nacional”, añadió.
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Las declaraciones de Castillo Terrones se dieron en el marco de su visita a Sechura, Piura, ciudad que está de aniversario este 15 de agosto.
Sobre el mandatario pesan seis investigaciones en el Ministerio Público, cinco de las cuales son por supuestos actos delictivos cometidos en su Gobierno. Es procesado por el supuesto delito de organización criminal.
Y nuevamente se victimiza. Y con el cuento de que no quieren que a “un cholo gobierne”. Versión mas falsa y lo grave es que hay mucha gente que le cree.
Y ya en Palacio Castillo recibió a un numeroso grupo de trabajadores mineros en Palacio de Gobierno. Durante su discurso señaló que en su gestión permitirá que realicen sus reivindicaciones y que velará por su integridad.
«No podemos permitir que en un gobierno del pueblo se siga manteniendo y siga habiendo la agresión reivindicativa. Basta de cholo barato», dijo el mandatario.
«Porque nosotros sabemos cómo nos ganamos los frejoles, cómo nos organizamos. Y las organizaciones, a través de sus dirigentes, nunca más pueden seguir siendo perseguidos», agregó.
El jefe de Estado incluso exhortó al titular del Ministerio de Trabajo, Alejandro Salas, quien también estaba presente, a promulgar un decreto supremo que proteja a los trabajadores si sus derechos laborales son afectados.
«Si en algún momento, señor ministro, nuestros trabajadores se ven agredidos en una reivindicación, saque usted inmediatamente un decreto supremo para respaldar y avalar estos derechos de los trabajadores», apuntó el presidente Pedro Castillo.
Puro populismo barato, sin duda incitando un discurso a los trabajadores a que actúen hasta con medidas radicales.
Por esta manera de actuar del Ejecutivo hay mucha preocupación en el país. Sobre el tema la congresista Vivian Olivos se pronunció sobre la solicitud que hizo la presidenta del Parlamento, Lady Camones, quien pidió protección para el Congreso y por la vida de los legisladores.
«Estamos ante un Ejecutivo que quiere destruir las instituciones. Los países comunistas y la gente que piensa como comunista quieren destruir al Congreso de la República, la prensa, el Poder Judicial y la Fiscalía».
«La presidenta (Lady Camones) está en su derecho de pedir protección al Ejecutivo. Cuando es un Ejecutivo que incita a la violencia», agregó.
La parlamentaria señaló que existe una amenaza contra el Legislativo, a partir de las reuniones que mantiene el presidente Pedro Castillo con gremios en Palacio de Gobierno.
Olivos también se refirió al premier Aníbal Torres, quien en un discurso desde Palacio incentivó a la violencia, pues azuzó a la población a protestar contra los ‘golpistas’.
Paralelamente a estos episodios, el abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, anunció que presentó ante el Poder Judicial una tutela de derechos en el caso ascensos en las Fuerzas Armadas con el que se busca evitar, según sus palabras, una violación a la ley, en referencia a las recientes filtraciones sobre nuevas revelaciones en el marco de esta investigación.
«Las investigaciones son reservadas, y cuando de por medio hay las declaraciones de un aspirante a colaborador, es ultra reservada. El juicio es público, la investigación no, y el proceso de colaboración mucho menos, así que lo que queremos hacer es que el juez ponga un límite a este festival de filtraciones que pensaba que había cesado, pero no es así»
Espinoza, recordó que el pasado domingo, en el programa Panorama, el propio abogado de Bruno Pacheco, César Nakazaki, se mostró sorprendido por la filtración de una información, principalmente en las que se tratan de material lacrado, como pruebas, documentos y otros elementos clasificados.
Sobre la filtración de información, Benji Espinoza consideró que la propia Fiscalía podría filtrar esta información «deliberadamente» o que omita cumplir con la supervisión y aseguramiento de la reserva. En ambos casos, explicó que el Ministerio Público sería responsable porque «la ley coloca a la Fiscalía como el responsable de que la reserva de la investigación se respete».
«Que sea el Poder Judicial el que ordene que se cumpla los mandatos legales que prohíben divulgar actuaciones procesales reservadas de la investigación. Bajo ningún supuesto ni contexto puede violarse la reserva impunemente. Afecta directamente a la presunción de inocencia, la hiere de muerte», indicó.
«La presunción de inocencia significa que nadie puede ser tratado, considerado o concebido como culpable mientras no haya una condena firme en su contra, no basta con las investigaciones. Entonces, lo que se genera es un prejuicio de culpabilidad contra el presidente Castillo, cuando ni si quiera se le puede imputar cargos», agregó.
Espinoza también reiteró que “eso pone en serio riesgo el mismo proceso de colaboración eficaz y la cadena de custodia, principalmente, que es un procedimiento para asegurar la originalidad de la evidencia”.
Este mismo planteamiento, en general, había sido presentado previamente la semana pasada para que el juez supremo Juan Checkley lo evaluara junto a otro pedido para anular la apertura de la investigación preliminar contra Castillo por encubrimiento personal (retiro del exministro Mariano González).
No obstante, Espinoza se desistió de su recurso contra las filtraciones a medios de comunicación con el fin de presentar otro con más elementos a su favor. Algo que se concretó este lunes sosteniendo que se ha violado el derecho a la presunción de inocencia.
Hasta el momento, aún continúa pendiente de resolverse si la investigación contra Castillo por presuntos actos de obstrucción a la captura de Fray Vásquez y el exministro Juan Silva se anula o continuará con normalidad en la Fiscalía de la Nación. Por este caso en específico, el mandatario debe ir a declarar nuevamente a la sede del Ministerio Público el siguiente jueves 25 de agosto a las 10 a.m.
Como se recordara el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, reveló ante la Fiscalía nuevos detalles sobre el entorno del presidente Pedro Castillo. Según el dominical Panorama, se refirió al sobrino del mandatario, Jaime Vásquez Castillo, como una persona violenta, encargada de trasladar portátiles para plantones. Recordó que, en noviembre del año pasado, cuando se descubrieron los 20 mil dólares en Palacio de Gobierno, recibió una llamada de este personaje, quien luego de increparle, le dijo «estás jodiendo a mi tío, por qué no renuncias o te voy a matar».
Antes de que ocurrieran las recientes detenciones al entorno de Pedro Castillo, Bruno Pacheco narró las conversaciones que tuvo con el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, a quien describió como una persona cercana al entorno presidencial. Sobre este último, relató en su delación una conversación entre ambos durante noviembre en la que el alcalde le comunicó sobre la publicación de un decreto supremo para obras en su distrito.
En una de las preguntas ante la Fiscalía Bruno Pacheco detalla que, en palabras de José Nenil Medina, el mencionado decreto supremo ya había salido y que estas obras de agua saneamiento en la localidad de Yamse, en Anguía, «la iba a trabajar con Lilia y Yenifer». Se trata de un proyecto previsto en un decreto supremo firmado el 29 de octubre por Pedro Castillo para una obra que, coincidentemente, ganó una empresa vinculada a Anggi Espino.
Según el exsecretario de Palacio de Gobierno, el alcalde distrital le confesó que la obra, que se adjudicaron los hermanos Hugo y Anngi Espino, con un presupuesto de 3 millones de soles, «la iba a trabajar con Lilia y Yenifer». Para el exsecretario, que ganen los hermanos Espino era lo mismo que decir que ganen las hermanas Paredes, lo cual abonaría a la tesis fiscal del negocio compartido con Yenifer, Lilia y otros hermanos del jefe de Estado.
