Sus ministros “escuderos” que avalan la corrupción y obstruyen la justicia pronto serán comprendidos ya que serían tildados de cómplices
El cerco judicial contra el presidente Pedro Castillo y sus más cercanos colaboradores se va cerrando, poco a poco se está abriendo la caja de pandora con pruebas contundentes de como operaba la organización criminal desde Palacio de acuerdo a la tesis de la Fiscalía de la Nación.
Desde ya se ve a muchos ministros que actúan de “escuderos” como los principales colaboradores de que están actuando obstruyendo a la justicia. Ellos tarde o temprano serán comprendidos a futuro en los procesos.
Como la defensa legal del gobierno que es un misterio como se le pagan, van a poder desvirtuar las versiones que están dando los colaboradores, muchos de ellos que trabajaban en Palacio.
Va ser muy difícil. Hay documentos, pruebas audios y habrá más sorpresas que hundirán la tesis legal y dejarán al descubierto las pillerías palaciegas.
Ya la población esta despertando. Numerosas organizaciones políticas, gremios, sindicatos quieren de una vez nuevas elecciones. Esperan que Castillo afronta la justicia y para ello tiene que dejar la presidencia. Pero, el mandatario sabe que ira a prisión y por eso se entornilla al poder y pidió la intervención de la OEA, pero este pedido será un boomerang y cuando los representantes de la OEA sepan la realidad de lo que pasa en nuestro país y sepan en que consiste las 7 carpetas fiscales y los procesos que se están llevando a cabo con exposiciones orales públicas, tendrá otra visión.
Beder Camacho, para unos un “héroe”, para otros un traidor tiene las pruebas y cuando se detengan a los prófugos, será muchos más contundente las pruebas,
El exsubsecretario presidencial negó haber tenido contacto con Bruno Pacheco cuando estaba en la clandestinidad, pero evitó dar detalles de sus visitas a embajadas
Beder Camacho, exsubsecretario general de Pedro Castillo, exhortó al presidente de la República que demuestre su inocencia presentándose ante la justicia y declarando ante las investigaciones en su contra.
“Él dice que es inocente. Que lo demuestre, eso es lo que el país está deseando que vaya y declare, que diga ‘mira, yo soy inocente, estoy aquí’. Que no le haga caso tanto a sus abogados porque a veces los abogados nos llevan al abismo”, declaró en una entrevista a Cuarto Poder.
Aunque evitó dar respuestas claras sobre las acusaciones que han hecho en su contra los testimonios de colaboradores eficaces en las investigaciones que involucran a Pedro Castillo y otros funcionarios, Camacho reitera que no tuvo contacto con Bruno Pacheco luego que se dictara su detención y prisión preventiva.
“Antes que salga la prisión preventiva, él no tenía ninguna restricción. Sí hemos conversado, pero después de que salga la prisión preventiva, no he conversado, no lo he llevado a ningún sitio. [¿No tuvo contacto en la clandestinidad?] A mí me gustaría declarar, pero estamos en una investigación [¿No niega ni afirma la reunión en Palacio de Gobierno?] Entiendan que estamos en un proceso de investigación”, se limitó a responder.
El exfuncionario insistió en que no cometió ningún acto de corrupción ni haber robado un sol y aseguró que no buscará eludir a la justicia porque se considera inocente. En esa línea, dijo que será el colaborador eficaz quien deba demostrar que él participó en supuestas entregas de dinero destinado al presidente Pedro Castillo.
De otro lado, reiteró que recibió amenazas contra su vida pero que ha grabado videos que están repartidos en diferentes sitios y que saldrán a la luz si es que ocurre algo en su contra.
“[¿Esa información llegará al Ministerio Público?] En su momento sí. Yo estoy brindando todas las facilidades”, advirtió.
Y es esa información que es vital. Parte de ella ya esta en poder de la Fiscalía de la Nación.
Es por eso que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició la sustentación de su pedido para que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra cuatro integrantes del presunto Gabinete en la sombra del presidente Pedro Castillo.
La solicitud es contra el exasesor de la presidencia Biberto Castillo, el empresario Abel Cabrera, el exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea.
De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público (MP), ellos se enfrentan a posibles penas mínimas de 12 y 19 años de prisión si llegan a ser condenados por los delitos que les atribuyen.
La fiscalía hizo este análisis –conocido como prognosis de pena– debido a que uno de los requisitos para dictar una prisión preventiva es que la posible pena sea superior a los cuatro años. Así, para Sánchez y Cabrera se calculan 19 años por organización criminal, tráfico de influencias y colusión; mientras que para Marrufo y Castillo se estiman al menos 12 años por los mismos ilícitos.
La evaluación del pedido de prisión está a cargo del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El magistrado previamente dictó detención preliminar contra estos mismos investigados, también llamados asesores en la sombra. De ellos, Sánchez no pudo ser detenido y sigue prófugo.
Hasta el juzgado fueron trasladados los tres investigados detenidos. También asistieron sus abogados, la fiscal Kelinda Janampa y su adjunto Edinson Henry Villanueva.
El fiscal Villanueva fue el encargado de sustentar el pedido. Este se centró en los tres investigados presentes en la audiencia, mientras que lo referido al prófugo Sánchez se dejó para más adelante.
Villanueva detalló que el Gabinete en la sombra se enmarca dentro de la presunta red criminal que encabezaría Pedro Castillo en el gobierno, caso por el que el mandatario fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación.
En ese esquema, dijo que el Gabinete en la sombra se ubica en un punto medio entre Castillo y la “primera línea”, que formarían los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. En específico, a Cabrera se le señala como financista y coordinador; a Marrufo integrante y coordinador; y a Biberto Castillo, como integrante y operador.
Además, se les imputa un supuesto plan criminal de cinco etapas. La primera se remonta a la campaña de segunda vuelta de Pedro Castillo, a la cual Cabrera “habría inyectado S/500 mil” de origen desconocido” y con “un fin ulterior lucrativo”, según un colaborador eficaz.
Además, los reportes de la ONPE dan cuenta de “aportes en especias” de S/23.000 de Cabrera y S/32.500 de Marrufo. “Este dinero era con el propósito de copar puestos claves en la administración pública para influir en designaciones de ministros y servidores públicos, para perpetrar los presuntos actos colusorios”, manifestó.
La segunda etapa, para el MP, consistió en el copamiento de puestos claves. “Influyeron en la toma de decisiones de estos puestos laborales con fines de obtener ganancias ilícitas producto de actos de corrupción”, dijo. Además, citó como ejemplos los nombramientos de Alvarado y Marrufo en Vivienda.
En la tercera fase, se habló de “actos colusorios en contrataciones públicas” y se puso énfasis en las visitas de los investigados a entidades públicas y su presunto interés en las obras del Decreto de Urgencia 102-2021.
Sobre la cuarta etapa, se habló de la presunta “captación” de los congresistas apodados ‘Los Niños’ para asegurarse votos contra una vacancia presidencial. La quinta se refiere al presunto establecimiento de “redes de protección” para investigados vinculados al Ejecutivo, la desaparición de indicios e intimidación de las entidades a cargo de las indagaciones. Todo esto a partir de la salida de Bruno Pacheco como secretario de la presidencia en noviembre del 2021.
En esta etapa, de acuerdo con la fiscalía, se habrían dado actos como los encubrimientos a Pacheco y Fray Vásquez, y acciones contra la fiscal de la Nación y el equipo especial de la policía.
Al detallar los presuntos roles de los investigados, el fiscal indicó que a Biberto Castillo se le atribuye haber “influido ilícitamente” en las designaciones de Vicente Tiburcio y Luis Vera Llerena como jefes de la PNP. Esto con conocimiento del presidente, según el MP. “Habrían sido, de una forma, captados y al no alinearse a los intereses de la presunta organización criminal, fueron destituidos en el cargo”, dijo.
En otro momento, leyó la declaración del colaborador eficaz 04-2022, según el cual el abogado Carlos Jaico fue nombrado secretario general de la presidencia por recomendación de Sánchez.
Todavía hay mucho pan por rebanar en este caso. Mientras tanto el Congreso sigue recopilando las firmas, van 60 que han firmado por la vacancia. Por ahora el bloque oficialista, además de las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú, y Juntos por el Perú no se han pronunciado ni han firmado. Sin duda están avalando al gobierno y los casos de corrupción.
Es una semana de representación parlamentaria y se estima que habrá sorpresas ya que todos ellos saben cómo nuestro país está deteriorado y se necesita una salida política a la crisis.