Situación que agudiza los problemas de informalidad y pobreza
En la primera década del presente siglo, concretamente en el periodo 2000-2008, la economía peruana crecía a ritmo creciente, a una tasa promedio anual de 5.5%; sin considerar el 2009 pues por la crisis económica-financiera internacional muy pocos países crecieron ese año, entre ellos el Perú pero apenas 1.1%. Es importante destacar que en el trienio 2006-2008 el PIB promedio anual fue de 8.4%.
Luego, en la segunda década, específicamente en el período 2011-2019, sin tener presente el 2010 dado que por el rebote natural ante la caída de la economía el 2009 el PIB creció en 8.3%, el país empezó a crecer a ritmo decreciente a una tasa promedio anual de 6.1% entre los años 2011-2013, que se profundizó significativamente entre los años 2014-2019 al hacerlo a una tasa promedio anual de 3.1%, precisamente lo que calificamos como la trampa del crecimiento deficiente e insuficiente.
La tercera década, la del 2020, se inicia con una impresionante tasa negativa de 11.1%, quizás la más alta del mundo, fruto de la pésima política sanitaria y económica para enfrentar la pandemia del Covid-19. Luego, por el esperado rebote natural y sin mayor mérito, sube a 13.3% el 2021, para finalmente el actual gobierno retornarnos a nuestra realidad reciente del crecimiento deficiente e insuficiente, aunque agudizándola con un enfoque muy peligroso, estimándose para el 2022 una tasa en el entorno del 2.5%, e igual o menor para el 2023.
¿Qué ocasiona que no podamos salir de un ritmo de crecimiento mediocre, que agudiza nuestros serios problemas de informalidad y pobreza? Dos aspectos social y económicamente muy sensibles que urge detener y revertir. Como hemos señalado en diversas ocasiones, nuestros cálculos estiman que para dar empleo a los aproximadamente 270,000 trabajadores que se incorporan anualmente al mercado de trabajo y no alterar el nivel de pobreza, que no suba ni baje, la economía debe crecer en el entorno del 3.5%.
Sin embargo, es más alta la tasa que se requiere para bajar la pobreza e ir al encuentro además de aquellos trabajadores que están subempleados y que representan alrededor del 46% de la población económicamente activa (PEA); además, por cierto, de los desempleados, que alcanzan el 6.8% de la PEA al segundo trimestre del 2022. Todo ello, entre otros aspectos que mencionaremos posteriormente, contribuye a incrementar la alta informalidad laboral y empresarial. Es decir, la economía peruana necesita crecer a una tasa no menor al 5 o 6% promedio anual, la cual es perfectamente viable si se continúa, perfecciona y consolida el modelo de economía social de mercado que contiene nuestra Constitución, y que se ejecutó en la década de los noventa y del 2000. Empero, se fue distorsionando a inicios de la segunda década del presente siglo y deteriorando más aún con el actual régimen.
Entonces, como preguntábamos, ¿qué ha ocasionado este giro de un crecimiento a ritmo creciente a otro de ritmo decreciente con visos de profundizarse, que ha exacerbado los críticos problemas de pobreza e informalidad? Diversas son las causas, pero mencionaremos las que desde el punto de vista económico son las más relevantes.
Iniciamos por destacar las múltiples distorsiones absurdas e innecesarias introducidas al mercado, afectando severamente su función central de orientar la asignación de recursos y facilitar las acciones e interacciones entre los agentes económicos. Nos referimos en especial al exceso de normas jurídicas y regulaciones, a las trabas y barreras burocráticas, así como a la imposición de procesos administrativos engorrosos. Todo ello genera costos en tiempo y dinero, que a más de complicar, encarecer y desestimular sobremanera las operaciones de producción e inversión se convierten en caldo de cultivo para la corrupción, gravemente extendida y profundizada en el país. Bien decía el historiador y político romano Cornelio Tácito que cuanto más legisla el Estado más corrupto es. Todo esto contribuye además a la informalidad empresarial, en particular de las calificadas como micros o pequeñas empresas (mypes).
A lo anterior se suma el propósito de las recientes administraciones de buscar y propender que el sector público tome el liderazgo de la economía, incluso retornando a la actividad empresarial que, por suerte, está limitada por la Constitución. Se olvida la pésima experiencia que tuvo el país en la década de los setenta y ochenta, y se desconoce que ese rol en una economía social de mercado lo cumple y corresponde al sector privado. Es más, es evidente la ineficiencia e ineficacia del Ejecutivo en sus tres niveles –nacional, regional y local– en la ejecución de sus propios presupuestos de inversión, que en promedio se quedan en un 30% sin realizarse; un sector público que no satisface su rol central de proveer los servicios e infraestructura básica que requiere la población, no por falta de recursos fiscales si no por incapacidad.
Entonces, en vez de promover e incentivar la participación del sector privado en todo lo que sea posible –vía concesiones, asociaciones público-privadas, obras por impuestos u otra modalidad–, se ha tenido un sector público obstruccionista que progresivamente ha desincentivado la inversión privada, la que de crecer a dos dígitos en la década del 2000 pasó a un dígito en la del 2010 y actualmente está próxima a mostrar tasa negativa de crecimiento. Aquí una explicación de suma relevancia del por qué se reduce primero el ritmo de descenso y se genera después un aumento de la pobreza, pues al final este es un problema de ingresos por carencia o precariedad de empleo fruto del impacto negativo sobre la inversión.
Una tercera causa a mencionar que explica la trampa aludida en el título de este artículo es que, so pretexto de dar prioridad a la búsqueda de una mayor equidad en la distribución de ingresos, se dejó en segundo plano el crecimiento económico y se dio preferencia en la gestión pública a los programas sociales, asignándoles mayores recursos e incluso creando nuevos. Si bien estos programas son temporalmente necesarios para los que efectivamente están en condiciones de pobreza, en especial los de pobreza extrema, no resuelven esa condición extrema en la que están pues, como señalamos líneas atrás, lo sustantivo es asegurarles ingresos estables.
Por ello es muy válido decir que el mejor programa social es aquel que genera empleo adecuado, lo que se logra impulsando la actividad productiva e inversión, además de aumentar productividad; es decir, buscando crecer a tasa alta de manera sostenida. Prueba de ello lo dan las cifras alcanzadas en las dos primeras décadas del presente siglo, en particular claramente en la primera, pues en razón de la evolución de las variables indicadas la pobreza bajó del entorno de 60% de la población en el 2000 al de 20% en el 2019, con lo que millones de peruanos abandonaron esa intolerable condición. Cabe precisar que esto se logró a la par con una mejora de la distribución del ingreso, como lo prueba su medición vía el coeficiente Gini.
Adicionalmente, en vez de respetar y consolidar las instituciones para fortalecer los cimientos del crecimiento y lograr en ese entorno potenciar la inversión y subir la productividad, estas se fueron progresivamente violentando y debilitando, al extremo de que los agentes económicos no tienen certeza de contar con el imperio de la ley, la propiedad privada y derechos de autor y la estabilidad jurídica, a más de la universalidad, oportunidad y transparencia de la información. Qué mensaje de incertidumbre e inestabilidad se da a los agentes económicos nacionales e internacionales si se expresa en distintos foros y ocasiones que el propósito central del Ejecutivo es cambiar la Constitución. Y peor aún si ello se quiere hacer con una visión lejana de lo que es la economía social de mercado que recoge la Carta Magna. Cómo esperar en ese contexto nuevas e importantes inversiones.
Finalmente, tanto por iniciativa del Ejecutivo como de los legisladores de turno, se fueron dando múltiples normas laborales, previsionales, tributarias, sectoriales, entre otras, que distorsionaron o reemplazaron a las existentes, afectando la dinámica económica. Por otra parte, se postergó la elaboración de las reformas estructurales calificadas de segunda generación, como la laboral, previsional, tributaria, de ciencia y tecnología, de la salud y educación, por mencionar las más relevantes.
Es decir, no obstante lo exitosa que fue la ejecución del programa económico que se inició a principios de los noventa, sustentado en lograr y sostener la estabilidad macroeconómica e iniciar reformas estructurales indispensables, era necesario consolidarlo con las reformas pendientes mencionadas, que iban directo al encuentro de incrementar productividad pues con ello se garantiza crecimiento alto y sostenido con visión de mediano-largo plazo y por ende bajar sustancialmente la pobreza. Pero además, se iba al encuentro de reducir y eventualmente eliminar la informalidad pues no basta estar en un contexto de crecimiento para lograrlo, se requiere aumentar la productividad laboral y empresarial, eliminar el exceso de regulación y trabas antes mencionadas y tener una política laboral y tributaria acorde a la realidad nacional.
Como consecuencia de los cinco temas centrales brevemente explicados el Perú se encuentra en lo que hemos calificado ser una trampa de crecimiento deficiente e insuficiente, con visos de agravarse, que genera o exacerba muchos problemas. De ellos hemos resaltado en esta oportunidad la informalidad y la pobreza, los que progresivamente pueden reducirse y eventualmente eliminarse si se corrigen y revierten las políticas y acciones indicadas. Cabe precisar que en el caso de la informalidad nos referimos tanto a la laboral, calificada como tal porque los trabajadores no reciben beneficios sociales, como la empresarial, al no estar registrada la empresa y no cumplir con los requisitos de ley, en particular pagar impuestos. El 80% de la PEA y el 88% de las empresas son informales; esto último se explica en razón que las mypes representan al 98% del universo empresarial, de las cuales el 90% son informales.
Para terminar debo reiterar lo señalado en mi anterior artículo en este portal, referente a la urgencia de encontrar una salida política pacífica y constitucional a la crisis actual. Y a la par se debe ir elaborando en detalle el programa económico a ejecutarse tan pronto se produzca aquello que permita corregir todo lo detallado y enrumbar al país por el camino del crecimiento sostenido, con mayor equidad en la distribución de oportunidades y, por ende, asegurando mejor bienestar a nuestra población.
