El Poder Judicial amplió por ocho meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria seguida a la suspendida legisladora María Cordero por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho congresal en el 2022.
El juez Supremo Juan Carlos Checkley declaró “fundado” el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, el 11 de diciembre del 2,024, para que se ordenará una prórroga de 8 meses adicionales dentro de esta investigación preparatoria.
El magistrado determinó que dicho requerimiento fue presentado el día que venció un plazo de ocho meses que dispuso dicha instancia suprema fiscal tras haber declarado compleja esta investigación preparatoria y porque además esta prórroga de ocho meses adicionales se justifica a fin sea factible realizar los actos de investigación pendientes en este caso
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó una prórroga de ocho meses adicionales en atención a que se trata de una investigación compleja y porque está pendiente el levantamiento del secreto bancario así como la declaración de la propia investigada y de otras personas el requerimiento de informes y registros al Congreso de la República, entre otros actos de investigación.
La defensa legal de la suspendida congresista María Cordero se había opuesto al requerimiento fiscal, al señalar que durante la investigación no hubo ninguna muestra de obstaculización por parte de su patrocinada, sugiriendo que en todo caso se concediera una prórroga por cuatro meses.
Añadió que su patrocinada no concurrió a las declaraciones, pero manifestó por escrito que se abstenía de declarar, con lo cual hizo valer su derecho de no autoincriminación y mencionó que recabó documentación que le permitirá formular un recurso de nulidad de todo lo actuado por vulneración al debido proceso y derecho de defensa ocurrido en sede parlamentaria
La suspendida legisladora María Cordero afronta una investigación preparatoria en el Ministerio Publico bajo mandato de comparecencia con restricciones por el presunto delito de concusión en agravio del Estado por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 % de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022.
