El Poder Judicial declaró “improcedente” la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Pedro Castillo, que buscaba anular el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado. La solicitud también pedía la nulidad de todo lo actuado en la etapa de juzgamiento y la conformación de un nuevo colegiado supremo.
Según informó RPP, la magistrada Ana Osorio, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, determinó que no se acreditó ninguna vulneración al derecho fundamental a la libertad personal del expresidente. La jueza señaló que durante la instalación del juicio oral se garantizó la defensa de Castillo al asignarle un abogado público cuando no contaba con uno particular.
“En consecuencia, la negativa del accionante a contar con un defensor público debe ser considerada como una estrategia legal, pues ha venido realizando un conjunto de acciones sistemáticamente con el fin de dilatar el desarrollo del juicio oral”, se lee en la resolución emitida el 25 de agosto.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 34 años de prisión contra Pedro Castillo y una inhabilitación de 3 años y 6 meses para ejercer cargo público, acusándolo de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
