- Ministro Julio Demartini dice que proceso judicial contra Nicanor Boluarte está siendo politizado
Nicanor Boluarte continúa no habido. La Policía Judicial llegó hasta su casa ubicada en San Borja, pero los efectivos no lo encontraron dentro del inmueble. A estas alturas y cuando ya se sabía que Nicanor se iba a fugar, recién la policía acude al domicilio. Un verdadero papelón.
El Poder Judicial dictó ayer 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz, Jorge Chingay y Zenovia Herrera. Todos investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.
Richard Concepción Carhuancho, juez que ordenó la medida, también notificó a las autoridades pertinentes que inicien la ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte. Este no se hizo presente presencial o virtualmente desde la audiencia del lunes 18 de noviembre. Incluso su propio abogado, Luis Vivanco, manifestó que no podía ubicarlo ni contactarse con él.
El juez determinó que Nicanor Boluarte no acreditó arraigo domiciliario ni laboral, lo que representa un riesgo para las investigaciones en el caso.
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, manifestó también que no tiene ninguna comunicación con su cliente y que prefiere no saber su dirección en estos momentos. Además, señaló que no puede condicionar a su defendido la decisión de entregarse o no a la justicia.
«La verdad de las cosas es que yo no tengo contacto con él desde hace unos días. Hay un tema entre abogado y cliente y prefiero no saberlo, además para evitar especulaciones o que se creen articulaciones de encubrimiento y esa serie de cosas que no corresponden», expresó en el programa ‘Prueba de Fuego’ de RPP.
Vivanco estimó que si el Poder Judicial rechaza el recurso de apelación que presentarán para conseguir que se revoque la prisión preventiva, puede optar por otras vías legales.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la reciente orden de prisión preventiva por 36 meses que se impuso contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el caso denominado ‘Los Waykis en la Sombra’.
En conferencia de prensa, el primer ministro negó que Nicanor Boluarte sea parte del Poder Ejecutivo o tenga poder al interior de Palacio de Gobierno, pero sí expresó su inquietud por una supuesta “judicialización” de la política.
A título personal, el jefe del Gabinete Ministerial dijo que existe un “bajísimo estándar de libertad” en el sistema judicial del país, a la vez que cuestionó que el juez Richard Concepción Carhuancho haya tardado tres días en leer la resolución judicial en la que se dispuso la prisión preventiva contra el hermanísimo presidencial.
“Tenemos un bajísimo estándar porque la privación de libertad debe ser el extremo último en el que nosotros tengamos que tomar la decisión de privar a alguien de su libertad, y más cuando no [haya] una sentencia; es decir, culminado el juicio”, respondió a la prensa.
Adrianzén Olaya alegó así que hay una intención de vincular a la mandataria en el caso de su hermano, quien figura como no habido en medio de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.
“Me llama la atención de sobremanera, y lo pueden verificar en los anales de los procesos judiciales últimos, que esta decisión se haya prolongado por más de cuatro meses y que se haya tenido que leer una resolución por más de tres días”, apuntó.
“Mi preocupación es porque tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política y porque nosotros, y el que habla, [podemos] percibir una soterrada intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte en este caso”, agregó.
Indicó también que bajo ese argumento se pretende promover una vacancia por la causal de incapacidad moral contra la jefa de Estado, cuyo hermano es investigado por, supuestamente, captar a personas alineadas a sus intereses y Subprefecturas a nivel nacional, así como el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provias Descentralizado, a fin de beneficiar al partido político Ciudadanos por el Perú.
“La presidenta no ha tenido que ver con estas cosas, por eso esa la advertencia y denuncia; cuando veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe”, precisó.
El premier cerró este tema alegando que la mandataria se mantiene “firme en el puesto”.
El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aseguró que el proceso contra Nicanor Boluarte por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’ se ha «politizado», tras conocerse la decisión del Poder Judicial de imponer 36 meses de prisión preventiva al hermano de la presidenta Dina Boluarte.
«Nosotros respetamos todas las reglas de juego, los procesos, las investigaciones, debemos, tenemos, es nuestra obligación, pero vemos un proceso que está siendo politizado», mencionó.
El titular del Midis cuestionó la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, pues la defensa de Boluarte sí habría acreditado arraigo laboral, pero pese a ello, dispuso su detención.
«Acá no se está juzgando el fondo, acá se está diciendo que una persona tiene que estar detenida tres años para ver si cometió un delito. Eso se está haciendo en el Perú algo normal, eso es excepcional», manifestó.
Boluarte optó por pasar a la clandestinidad a fin de evitar su detención, lo que para Demartini es una «decisión personal» producto de que se está perjudicando su «derecho fundamental» a la libertad.
Según Demartini, se está buscando llevar este caso al ámbito político con el fin de que la mandataria dé un paso al costado; sin embargo, el ministro reiteró que esto no ocurrirá debido a que está «comprometida con el Perú».
«Esas decisiones que no tienen explicaciones técnicas pasan a ser un coro del campo político que dice: ‘presidenta, usted está comprometida con todo, todo está mal y de un paso al costado’. Eso no es así», apuntó.
Maritza Sánchez, excolaboradora de Pedro Castillo y Dina Boluarte durante las Elecciones Generales de 2021, se refirió a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, quien es investigado por presuntamente liderar una red criminal en el denominado caso ‘Los Waykis en la sombra’, caso por el que se le dictó 36 meses de prisión preventiva.
Según la tesis fiscal, Boluarte Zegarra habría captado a personas alineadas a sus intereses para luego colocarlas en puestos clave de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional, así como el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provias Descentralizado, a fin de beneficiar al partido Ciudadanos por el Perú.
Al respecto, Sánchez sostuvo que muchos integrantes del grupo de WhatsApp, denominado ‘Comité Ciudadanos’ y que estaba relacionado a la referida agrupación política, terminaron ocupando “Prefecturas y Subprefecturas”.
“¿Quién organiza la reunión para hablar del partido? El hermano de la señora [Dina Boluarte]. ¿Y de qué se habla? De cómo se van a distribuir para el recojo de fichas, de eso no queda dudas”, añadió.
En ese sentido, indicó que no le parecería extraño que Nicanor Boluarte haya estado detrás de la designación de persona en puestos claves de entidades del Estado y que posiblemente la presidenta estuviera al tanto de estas coordinaciones.
“Tal vez ella los encargaba, no lo sé. Para que esas personas estén sentadas allí como prefectos y subprefectos, alguien debió autorizar”, apuntó.
“Mi deducción razonada es que no solo puede haber estado al tanto, debe haberlos encargado. El hombre [Nicanor Boluarte] de la nada no va a dedicarse a esa tarea y los demás obedecer […] Debe haber tenido un poder de colocar o sacar como lo estamos viendo”, concluyó.
Por otro lado, Sánchez manifestó que ha podido identificar a al menos 30 personas vinculadas a Nicanor Boluarte trabajando en entidades como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm), en Sedapal, el IPD y los prefectos y subprefectos.
