Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), en declaraciones a la prensa brindadas , indicó que la resolución de la demanda de inconstitucionalidad contra la norma de extinción de dominio, presentada por Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, podría tardar hasta dos meses.
“Como habrán visto, la audiencia [de esa demanda] fue muy larga, tiene muchos temas complejos que es necesario analizar con detalle, porque hay que tener en cuenta tanto el derecho, por decir así, del Estado y los ciudadanos de que no estén dentro del comercio bienes ilícitos, como también el derecho del propietario para que, si es inocente y no es responsable del acto ilícito, no se vea perjudicado”, sostuvo.
“Sería engañar decir que va a estar la próxima semana. Estamos ya debatiendo, yo creo que los dos próximos meses esto ojalá llegue a buen puerto”, acotó.
Consultada acerca de la posibilidad de que el Congreso apruebe en segunda votación el dictamen que modifica varios artículos de la norma de extinción de dominio antes que el TC tenga una resolución, la magistrada indicó que “está previsto que, por conexidad, si el tema es similar, se pronuncia el TC por ambas leyes”.
“Nosotros vamos trabajando y, en todo caso, lo que salga primero, eso va a tener que ajustarse a lo otro”, acotó.
En un comunicado en video difundido el último martes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se refirió a dicha demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del pueblo, el pasado 2 de agosto, contra varios artículos de la ley de extinción de dominio.
En ese sentido, la titular del Ministerio Público advirtió que dicho recurso es “un riesgo mayor”, por lo que esperó que los magistrados del TC la declaren infundada.
“Existe un riesgo mayor, que es la demanda presentada ante el TC, la cual esperamos, con optimismo, sea declarada infundada, porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5 500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”, aseveró.
“Confiamos en que el Tribunal Constitucional emita una decisión acorde a lo que espera la población, la justicia y el derecho, evitando que delincuentes, corruptos, que incluso son prófugos de la justicia se beneficien conservando los bienes y el dinero provenientes de sus delitos y diversos actos de corrupción”, agregó.
Espinoza resaltó también que la aplicación de la extinción de dominio “no es una confiscación ni expropiación de bienes”.
“[Es] una restauración del orden jurídico, de la legalidad, ya que la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente aquellos relacionados con la corrupción, el crimen organizado, la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos, que afectan gravemente el orden económico y social de nuestro país”, explicó.
“En pocas palabras, los delincuentes o testaferros que lleguen a disfrutar o sigan disfrutando de sus fortunas, de los bienes obtenidos ilícitamente, ¿queremos acaso un país con una economía ilegal producto del delito? No, no deseamos eso. Las personas honestas no podemos permitir que la impunidad se imponga. Por eso, pedimos al Congreso que medite y reflexione profundamente sobre este pretendido cambio. La justicia no debe dar un paso atrás, defendamos nuestros derechos y el futuro del país”, puntualizó.
