La Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una denuncia penal contra cuatro miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), por presuntamente interferir en procesos judiciales en trámite mediante la imposición de medidas disciplinarias a miembros del pleno de la JNJ. El documento, firmado por el procurador Marlo Tello Ponce, fue remitido al Ministerio Público con fundamento en el presunto delito de avocamiento ilegal.
La denuncia cuestiona dos resoluciones emitidas por el CAL, en las que se admitió una denuncia del Instituto de Defensa Legal (IDL) y se dispuso la suspensión temporal por seis meses de cinco miembros del pleno de la JNJ. Esta decisión se tomó cuando ya existía un proceso constitucional de amparo sobre los mismos hechos, aún pendiente de resolución judicial.
Según el escrito, la Procuraduría acusa a los consejeros éticos del CAL de vulnerar el artículo 410° del Código Penal, que sanciona a toda autoridad que, a sabiendas, se aboque a causas judiciales en trámite. El caso de fondo se encuentra en el expediente 10506-2025-0-1801-JR-DC-09 del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, interpuesto por Delia Milagros Espinoza Valenzuela.
Los hechos involucrados incluyen la nulidad de oficio de la designación de Liz Patricia Benavides, el uso de la fuerza pública para su restitución y la supuesta falta de transmisión de sesiones del pleno de la JNJ. La Procuraduría sostiene que el CAL no tenía competencia para emitir sanciones sobre estos actos mientras el Poder Judicial no resolviera el proceso principal.
Los denunciados son Carlos Enrique Ampuero Montes (presidente del Consejo de Ética), Félix Augusto Vasi Zevallos, Maria Catalina Vera Tudela Peña y Fernando Castañeda Ipanaque. Según la denuncia, las resoluciones emitidas por este grupo se basaron en hechos idénticos a los evaluados judicialmente, lo que configura interferencia en la función jurisdiccional.
Se argumenta que, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando una entidad administrativa detecta una controversia judicial en curso sobre los mismos hechos, debe abstenerse de intervenir hasta que la justicia resuelva.
