- Jorge Flores “mocha sueldo” del grupo de los niños de AP intenta amedrentar a la prensa
- Junta de Portavoces sesionará hoy martes 9 de abril
Mientras siguen los dimes u diretes sobre los relojes Rolex, el dinero que tiene en su cuenta la mandataria en el Congreso de la República se desarrollará una sesión de la Junta de Portavoces este martes 9 de abril, según convocatoria realizada por el titular del Parlamento, Alejandro Soto.
El documento, firmado por el oficial mayor Giovanni Forno, indica que la reunión se efectuará a las 10:00 horas en la Sala Grau de Palacio Legislativo.
Dicha convocatoria, que tiene la calidad de semipresencial, fue enviada a los integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento y los portavoces titulares de los grupos parlamentarios.
La Junta de Portavoces está compuesta por los miembros de la Mesa Directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada.
Ellos evaluarán los temas principales pendientes de agenda legislativa, pero se centrarán en la situación política del país y que rumbo se puede tomar ante las evidencias que se encuentran de que hay una componenda para proteger a la Presidenta de la Republica.
Y lo que también se verá es otro proyecto contra los periodistas y su labor informativa la que será analizado en el Congreso. En esta oportunidad, su promotor busca afectar a los familiares de los directores, conductores y productores de programas periodísticos. Tras críticas, algunos legisladores que suscribieron el proyecto ahora expresan su discrepancia.
Jorge Luis Flores Ancachi, congresista de la bancada de Acción Popular investigado por presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su oficina y formar parte del grupo llamado ‘Los Niños’ y que habría blindado al expresidente Pedro Castillo, es el autor del proyecto de ley que busca prohibir a los conductores, productores y directores de los medios de comunicación a contratar con el Estado hasta 12 meses después de que hayan dejado sus cargos.
La prohibición que propone Flores Ancachi se extendería a cónyuges, convivientes o los parientes del comunicador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, lo que afectaría a padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos del periodista. También a similares parientes de su cónyuge.
La justificación del legislador para proponer la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado es evitar un supuesto beneficio indebido a las personas que ejercen el periodismo en medios de comunicación televisivo, radial o prensa escrita. Sin embargo, para Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), detrás del proyecto hay una venganza contra los periodistas, afectando a sus familiares.
«El proyecto lo que busca es, en primer lugar, lanzar advertencias, amenazas, presentando estos proyectos de ley y si se aprobara es claramente una venganza contra la prensa que precisamente investiga y denuncia los actos irregulares cuando no corrupción claramente o actos delictivos en los que están involucrado lamentablemente mucho de los congresistas que suelen promover estos proyectos de ley», indicó.
El proyecto tiene las firmas de apoyo de los legisladores Elvis Vergara, Gustavo Cordero Jon Tay, Darwin Espinoza Vargas, Luis Aragón Carreño y Wilson Soto. Sin embargo, algunos han marcado distancia, como Elvis Vergara, quien dijo haber suscrito el documento sin revisar su contenido.
«Por apoyar algunos colegas suscribimos algunos proyectos como coautores y suele suceder, no es lo que debería ser, no lo revisamos a profundidad. En este caso, no tenemos problemas, no hay mayor dificultad porque eso pasa a comisión y obviamente se tiene que evaluar y seguramente ahí se va a meditar qué es lo que realmente corresponde», manifestó.
En tanto, Luis Ángel Aragón Carreño, otro legislador que suscribió el documento, pidió al Oficial Mayor de Congreso el retiro de su firma porque el proyecto amenaza con transgredir el derecho fundamental a la libre contratación de los parientes de los profesionales de la comunicación, amparado en la Constitución.
El proyecto presentado el 2 de abril recibió el rechazo de legisladores de diferentes bancadas. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, dijo que se pretende amedrentar a los periodistas y adelantó que la iniciativa no será aprobada.
«Creo que es una intimidación que se le quiere hacer a la prensa en nuestro país. Hay mejores medios de cómo autorregularse, pero no de esta manera y como se pretende hacer desde la bancada. Creo que ha sido un grave error la presentación de este proyecto y considero que no va a contar con la aprobación», afirmó.
Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, dijo que el proyecto no tiene sentido ya que los periodistas no son funcionarios públicos.
«Es un proyecto absurdo que solamente busca limitar a los periodistas. Es una suerte de ley mordaza, porque eso va a tratar de disuadir a los periodistas de hacer su trabajo», aseveró.
En los últimos años, algunos congresistas han presentado proyectos de ley que buscan penalizar a los periodistas o dificultar su labor. En diciembre del 2023, coincidieron dos iniciativas: una para elevar a 5 años la pena de prisión por difamación, que sigue en comisión, y otra para sancionar a los funcionarios que difundan información reservada de una investigación penal, que fue retirada por su autor.
Roberto Pereira comentó que los políticos denunciados y fiscalizados son quienes impulsan de manera permanente medidas contra los periodistas y su labor informativa.
«Tratando por ejemplo de criminalizar la relación con alguna fuente, incrementando las penas por los eventuales delitos contra el honor y ahora claramente estableciendo una prohibición hacia los periodistas y sus familiares de contratar con el Estado manifiestamente sin justificación alguna», acotó.
Además de los proyectos de ley que impulsan algunos congresistas, los periodistas tienen otras amenazas para cumplir su labor. La organización Reporteros Sin Fronteras informó que el 2023 el Perú retrocedió 33 puestos en materia de libertad de expresión y ocupó el lugar 110 entre 180 países.
Ese mismo año, la Asociación Nacional de Periodistas registró al menos 352 ataques y agresiones contra los comunicadores y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en su informe del 2023, que hay un patrón de hostigamiento judicial contra los periodistas y un constante de acoso y violencia en su contra. A pesar del entorno adverso, la labor de investigación e información periodística no se detendrá.
Al respecto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmerman, sostuvo que este proyecto de ley es vengativo y advirtió que la iniciativa registra copias de universidades de Costa Rica y Uruguay.
Para Salazar Zimmerman, la propuesta de Flores Ancachi «no es más que una venganza de un congresista» investigado por la prensa «y cuyos actos de corrupción también han sido destapados».
Recordó que el parlamentario de Acción Popular es acusado de recortar el salario a los empleados de su despacho (‘mochasueldos’). “Le robaba el 10 % de sueldo a sus trabajadores, eso ha sido destapado por la prensa”, enfatizó.
De hecho, en julio de 2023, un reportaje de Cuarto Poder denunció que el legislador Jorge Luis Flores Ancachi exigía también a sus trabajadores el 50 % de los bonos que le entregaba el Parlamento. El dominical difundió un audio en el que el legislador se arrepentía de no haber aceptado los US$ 250 000 que le ofrecieron a cambio de puestos de trabajo en el Congreso.
«Lamentablemente, perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá», le decía a su personal de confianza.
Rodrigo Salazar remarcó, además, que Flores Ancachi, junto a los otros firmantes del proyecto, Elvis Vergara y Darwin Espinoza, son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso denominado ‘Los niños’.
Añadió que el periodista de La República en Puno, Liubomir Fernández Fernández, denunció al legislador acciopopulista por intento de soborno.
Por su parte, el legislador de Acción Popular, Luis Aragón, retiró su firma del proyecto de ley que busca prohibir que conductores, productores y directores de medios de comunicación y sus familiares contraten con el estado hasta doce meses después de que hayan dejado sus cargos.
