Corrupción, abuso de poder y mentiras; evidencias insuficientes ante la ausencia de autoridad moral
La población civil debería, una vez cumplidos sus deberes ciudadanos, dedicarse a trabajar, cuidar a sus familias y, en pocas palabras, hacer su vida. Pero este desgobierno, que ya está cerca de cumplir un año, no da tregua y sigue llenando negativamente los titulares de los medios de prensa, incluso de aquellos que durante los primeros meses intentaron justificarlo. La incertidumbre y la zozobra son el pan de cada día en un escenario en el que capítulo final de Perú Libre y compañía no termina de escribirse.
Entran en escena nuevos actores, nuevas fichas en el ajedrez político en el que la corrupción es la única constante. Y cada personaje resulta ser más turbio que el anterior, confundiendo a ese pueblo al que Pedro Castillo sigue intentando engañar con sus mentiras en sus costosas visitas a las provincias, como parte de la estrategia montada por sus asesores nacionales y extranjeros.
Existe la prensa de oposición y la prensa que defendió o maquilló la realidad nacional durante los primeros días del Gobierno. Pero hoy podemos afirmar que resulta imposible para cualquier medio negar los hechos. ¿Cómo defender a un gobierno con serios indicios y pruebas de corrupción? Peor aún cuando no solo miente descaradamente, es blindado por los miembros de su gabinete, interfiere las investigaciones con infracciones constitucionales (lo que podría costarle una suspensión de la Corte Suprema), sino que además busca eludir a la justicia y callar a la prensa con proyectos de ley como el llamado “Delito de difusión de información reservada en una investigación fiscal”.
Pedro Castillo y sus cómplices obstaculizan la labor de la Fiscalía y del Congreso de la República con estrategias que solo podrían ser comparadas con el accionar de los gobiernos castrochavistas en sus primeros tiempos, medidas que fueron diseñadas y monitoreadas por la inteligencia cubana. Pero esa inteligencia viene quedándose corta ante esta descarada corrupción.
En esta coyuntura, el pueblo ya no cree en nadie, protesta contra el aparato del Estado, rechaza al gobierno central y a los gobiernos regionales, duda de las empresas públicas y privadas, del entorno de Palacio y del Congreso. La percepción de corrupción de las instituciones públicas y privadas es abrumadora: 8 % de la población piensa que hay corrupción en el entorno de Castillo y 95% opina lo mismo respecto al Congreso. La aprobación de Pedro Castillo sigue en caída libre, con escasos 19% según la encuesta del diario La República, realizada por IEP en el mes de junio. La percepción negativa respecto a la honestidad de Pedro Castillo ha pasado de 43% en agosto de 2021 a 66% en junio de 2022, el 69% de peruanos piensan que no se preocupa por los más necesitados, solo el 25% de la población de escasos recursos aprueba su gestión, el 73% ya no confía en Castillo y piensa que no está capacitado para gobernar. En pocas palabras, la población está cada vez más decepcionada.
No sabemos cómo ni cuándo terminará esta situación, que evidencia la ausencia del Estado de derecho. El Poder Ejecutivo ataca y miente, en un intento de defender lo indefendible, a pesar de que las evidencias juegan en su contra. El Congreso, al que quisiéramos apoyar como alternativa constitucional para salir de esta crisis, muestra actitudes poco transparentes, es demasiado lento y también hay evidencias de corrupción de algunos de sus integrantes. Hoy resulta imposible eludir la avalancha de denuncias por corrupción. En este escenario, la principal víctima es la población civil, especialmente los sectores de bajos recursos que no pueden cubrir los costos de sus necesidades básicas. Filas que lamentablemente vienen engrosándose a vista y paciencia de las autoridades.
¿Puede seguir en el gobierno un presidente rechazado por ocho de cada diez peruanos, continuar a pesar de que el pueblo denuncia su deshonestidad? Todos dudamos de su “palabra de maestro”, y vemos cómo su entorno se enriquece mientras el país empobrece. Entre la población impera la desconfianza, y nadie se siente representado por el gobierno. Alguien con un mínimo de amor o compasión por los peruanos haría aquello que la población exige: “dejarlos trabajar y tener una vida tranquila”. Pero ese reclamo no es escuchado. Tarde o temprano se deberá hacer justicia. Ser el peor presidente de la historia de un país es un gran cargo de conciencia, para cualquiera con un mínimo de decencia. Pero sus acciones y sus enredados discursos solo le seguirán jugando en contra.