Salatiel Marrufo, implicado en el caso “Gabinete en la sombra” y exasesor de Geiner Alvarado, es acusado de presionar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para lograr una decisión a favor de una empresaria que, según un exfuncionario, aportó a la campaña de Perú Libre.
En declaraciones para Cuarto Poder, William de la Vega, exdirector de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN aseguró que fue retirado del cargo por no haber logrado emitir resoluciones para que una propiedad registrada del Estado pase a manos de una empresaria, Sada Goray.
El caso en cuestión es denominado en el reportaje como el “expediente Chilca”, unas 60 hectáreas de terreno que Sada Goray Chong reclamó como suyas ante la SBN para poder concretar su venta ante una inmobiliaria por un valor de 33 millones de dólares.
Lo que bloqueaba la venta eran dos casaciones que resuelven que el terreno reclamado por la empresaria pertenece al Estado y que ningún trámite administrativo puede estar por encima de una resolución judicial. A pesar de esto, Cynthia Rudas, máxima autoridad de la superintendencia, exigió que se revise el caso para favorecer a la reclamante.
