Lo peor de nuestra cultura se refleja en quienes nos gobiernan
Es bastante conocido que en nuestros países hispanoamericanos, y en especial en nuestro Perú, mostramos un desarrollo bastante precario en tres atributos culturales que son fundamentales para el progreso, bienestar y prosperidad de una sociedad: trabajar en equipo, seguir instrucciones y respetar normas o compromisos. De este modo, somos calificados como sociedades de baja confianza, y las perspectivas tangibles para superar los graves problemas que sufrimos los ciudadanos peruanos son nulas.
Hace unos días hemos sido testigos de algo extremadamente grave: nada menos que el primer ministro del actual gobierno ha amenazado con expropiar una empresa privada si no accede a renegociar el contrato que esa empresa tiene con el Estado peruano. Esa amenaza no tiene sustento en la aplicación de punto alguno en el contrato, sino que se basa en el nocivo, perverso y delictivo estatismo que pretenden ejercer quienes nos gobiernan hoy.
“Un contrato es ley entre las partes” es un principio básico civilizador. Tan complicado es para nuestra cultura peruana el elemental respeto a este principio, que en los años noventa tuvo que incluirse en la nueva Constitución una referencia explícita para que se recuperara la confianza perdida en nuestra sociedad. La dictadura militar de los setenta y su malhadado estatismo instalaron el retorcido accionar impune de un Estado que “todo lo podía”, violentando este y otros principios fundamentales necesarios para construir juntos un ambiente de no-agresión, en que los intercambios voluntarios y la convivencia pacífica definan la relación entre sus ciudadanos.
Hoy nos enfrentamos nuevamente a este abominable proceder desde un Estado tomado por quienes traen consigo las peores costumbres de nuestra cultura. Su despliegue llevará a una contienda legal de tipo constitucional que, amparándose en las conocidas atrofias de nuestro aparato judicial, tomará el camino del despojo ilegal y arbitrario, del abuso desde la violencia ejercida por el Estado, del incontestable y pérfido juego de los hechos consumados.
¿Creen que con este ambiente enrarecido otros inversionistas productivos, portadores de industrialización, prosperidad y empleos de calidad, van a tener confianza en que sus inversiones serán respetadas en el Perú? De ninguna manera. Llegarán algunos tal vez, con el perfil de inversionista de alto riesgo, en cantidad y calidad muy por debajo de lo requerido para sostener el proceso de reactivación y recuperación económica que necesitamos con urgencia para estos tiempos. Por el contrario, se acercarán capitales especuladores que no tienen mayor impacto en la generación de empleo duradero y de calidad; también otros, sobre todo ligados a actividades dudosas, delincuencia y tráfico de drogas.
Si todo esto es tan claramente perjudicial para el Perú, ¿por qué quienes nos gobiernan insisten en tanta felonía? La fatal arrogancia de los estatistas de todos los colores no tiene límite práctico. Se escudan en supuestas “buenas intenciones”, como si eso bastara para cambiar la realidad de los hechos. Pregonan la falaz defensa de un “bien común” que no son capaces de definir de modo objetivo, sino sectario e ideológico. Exacerban hasta el cansancio la etiqueta de “enemigo de la Patria” contra quienes se atrevan a opinar diferente a ellos. Que gente con ese perfil haya accedido al poder representa un peligro enorme para el futuro de nuestro Perú. Lo peor de nuestra cultura se refleja hoy, lamentablemente, en quienes nos gobiernan.
