Las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo no tienen el mismo impacto
Diversas encuestadoras realizan sondeos de opinión preguntándole al público si aprueba o desaprueba la actuación del Poder Ejecutivo, encabezado por el profesor Pedro Castillo. Asimismo, inquieren a los ciudadanos sobre la actuación del Congreso de la República, como si las decisiones de ambas instituciones tuvieran el mismo impacto.
Sucede que no es así, el Poder Ejecutivo dispone de aproximadamente S/ 140,000 millones, en tanto que el legislativo tan solo S/ 650 millones. El gobierno presidido por Pedro Castillo dispone de un presupuesto 215 veces mayor al del Congreso de la República. ¿Cómo se puede esperar que el Legislativo tenga una aprobación ciudadana mayor a la del Ejecutivo?
Primero, las funciones de uno u otro poder del Estado son distintas. Uno cuenta con un aparato estatal enorme, los ministerios y sus dependencias; mientras que el otro solo cuenta con las sedes parlamentarias, donde la representación nacional debate las leyes que se estima son de beneficio para la nación.
Segundo, es el Poder Ejecutivo –léase el Gobierno– el que emite la mayor cantidad de normas y dispositivos que impactan favorable o negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Tercero, el Gobierno cuenta con varias bancadas parlamentarias, una oficial y otras oficiosas, en las que están los denominados “niños” y “topos”, que son precisamente quienes más contribuyen al desprestigio del Congreso. Cabría preguntarse,si los parlamentarios gobiernistas consideran que el Congreso debe ser cerrado por supuestas ineficiencias, ¿por qué no renuncian a sus funciones sin goce de haber? En este caso, la ciudadanía podría percatarse de quiénes efectivamente realizan un trabajo de demolición desde el interior del Congreso, con la finalidad de menoscabar la imagen de este poder del Estado.
Cuarto, otra de las funciones constitucionales de los legisladores es la de control político del Poder Ejecutivo, con la finalidad de evitar excesos del Gobierno. Por eso es que el Congreso investiga, interpela y emite una sanción política y no judicial. Caer en el juego de los gobiernistas, quienes dejan entrever que las sanciones deben ejecutarse una vez culminado el mandato, sería como propugnar la libertad a todo aquel que delinque, hasta que las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial determinen que el delincuente cometió o no un delito. Dejar gobernar es diferente a dejar delinquir.
La familia del profesor Castillo ha sido vinculada con actos delictivos que han sido exhibidos por la prensa, como el tráfico de influencia entre otros, o por el carácter de prófugos en que se encuentran varios de sus integrantes. Peor inclusive cuando desde Palacio de Gobierno se orquestan sanciones para evitar que el coronel Harvey Colchado cumpla con una orden judicial. Ergo, podría pensarse que el presidente Castillo prefiere que los miembros de su familia sigan no habidos por el sistema de justicia. ¿Por qué?
La aprobación mayoritaria de la vacancia presidencial responde al descontento y desazón de la ciudadanía en general, principalmente de quienes habiendo votado por Perú Libre y su candidato Castillo se encuentran decepcionados. Entonces, que las encuestadoras pregunten por la aprobación de uno y otro poder del Estado, como si fuesen instituciones con magnitudes de accionar similares, parece ocultar la intención de posicionar en la opinión pública la idea de que quienes vacarían al presidente tienen una menor legitimidad.
En este caso, como en otros, es necesario “separar la paja del trigo”.
