El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú S.A. (STAPP) expresa su profunda preocupación por las recientes declaraciones del economista Carlos Paredes Lanatta, quien viene criticando duramente a Petroperú y a las medidas de apoyo que el Estado ha adoptado para asegurar la sostenibilidad de esta empresa estratégica para el país.
Frente a ello, es necesario recordar que el señor Paredes Lanatta fue designado Presidente del Directorio de Petroperú el 19 de abril de 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, pese a no contar con experiencia alguna en la gestión o dirección de empresas del sector hidrocarburos. Su paso por la empresa estuvo marcado por decisiones controvertidas que, lejos de fortalecer a Petroperú, generaron impactos estructurales que hoy aún se sienten.
Entre las principales decisiones adoptadas bajo su gestión se encuentra la paralización de la antigua Refinería Talara, sin considerar el retraso en la implementación de las Unidades Auxiliares, hecho que obligó a la empresa a importar combustibles durante un largo periodo, generando así la pérdida de participación de mercado. La acción de paralización de la antigua refinería, según verdaderos especialistas en el sector hidrocarburos, se debió dar mucho después y por un periodo mucho menor, con un impacto mínimo en la economía de la Empresa.
Asimismo, el Sr. Paredes lideró una negociación con la contratista Técnicas Reunidas para reconocer sobrecostos superiores a los 500 millones de dólares, con el argumento de evitar el retiro de la empresa española del Proyecto Modernización de la Refinería Talara. Si bien se evitó un perjuicio mayor, las condiciones acordadas resultaron excesivamente gravosas para Petroperú.
Cabe subrayar también que el propio Paredes solicitó en 2019 un Aporte de Capital por 1,500 millones de dólares para Petroperú —no préstamos ni garantías como las otorgadas en la actualidad—, siendo plenamente consciente de la necesidad de respaldo financiero por parte del Estado. Su relación con las autoridades de ese entonces terminó de forma abrupta tras un lamentable episodio de misoginia que desencadenó su salida, en el que pronunció frases agraviantes hacia la entonces ministra de Economía, como consta en fuentes periodísticas ampliamente difundidas.
Pero no solo sus decisiones estratégicas fueron cuestionables. Durante su mandato, promovió contrataciones aparentemente irregulares, con posibles favorecimientos a personas vinculadas a su empresa INTELFIN. Ejemplo de ello es la contratación de la Srta. Claudia Velarde García, recién egresada y con apenas tres meses de experiencia en INTELFIN, quien fue incorporada a Petroperú con una remuneración de 6 mil soles mensuales, asignándole funciones propias de la Gerencia de Planeamiento, en contravención al ROF institucional. La contratación fue formalizada mediante OTT 4200070629.
A esto se suma la contratación del Sr. Juan Pablo Gallardo Llanos, también proveniente de INTELFIN, por 42 mil soles para realizar tareas similares a las de la Srta. Velarde. Ambas contrataciones podrían configurar indicios de tráfico de influencias, situación que merecería una investigación.
Igualmente, debería investigarse la contratación del Ing. Enrique Felices, amigo personal del Sr. Paredes, como asesor externo del PMRT, con una remuneración de 30 mil soles mensuales (contrato 4100009039), evidenciándose además un tratamiento preferente en el proceso de pagos, al margen de la política regular de la empresa.
Por último, no puede dejar de mencionarse la supuesta recomendación del Sr. Paredes para contratar al Centro de Estudios de Sistemas Sociales – CESSO (OTT 4100009124, 11/11/2019), de propiedad del biólogo Simone Pisu, vinculado a INTELFIN (como locador de servicios desde abril del 2019 para desarrollar el proyecto «Perú Coastal Fisheries Challenge Fund Initiative» financiado por el Banco Mundial y ejecutado por INTELFIN). Hoy, el Señor Pisu figura como Consultor Senior de INTELFIN y ha escrito libros junto a Paredes Lanatta.
Es oportuno precisar que, todos los documentos contractuales pueden ser solicitados por los canales oficiales de Petroperú, considerando que son de acceso público.
¿Todo esto podría ser mera casualidad o también podría figurar como posible tráfico de influencias?
Desde el STAPP consideramos fundamental que la opinión pública conozca estos hechos, y que se mantenga la memoria sobre los antecedentes de quienes hoy, se dicen expertos y con total liviandad, critican las decisiones del Estado para asegurar la viabilidad financiera de Petroperú.
Es paradójico que quien en su momento promovía aportes de capital sin condiciones, hoy cuestione los préstamos otorgados a Petroperú, a pesar de que estos deben ser devueltos. Como dice el viejo refrán: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” parecería ser la lógica que sigue el Sr. Paredes.
Desde el STAPP reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la defensa de Petroperú y la memoria institucional frente a quienes pretenden desinformar a la ciudadanía.
