La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, María Acuña (Alianza para el Progreso), afirmó que no existe sustento legal para reabrir el caso Rolex, luego de que el Ministerio Público solicitara reconsiderar su archivamiento.
Acuña sostuvo que la decisión del Legislativo, respaldada por todas las bancadas, es firme y no puede anularse.
En declaraciones a la prensa, la congresista explicó que, hasta el momento, no ha recibido un pedido formal de la Fiscalía, pero subrayó que, incluso de presentarse, no hay norma constitucional que permita revertir una votación ya realizada.
El archivo del caso se aprobó el pasado 10 de mayo con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, dejando sin efecto la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por la posesión de relojes de lujo no declarados.
Acuña calificó la solicitud fiscal como una injerencia en las funciones del Congreso y pidió respeto a la independencia de poderes. “Así como nosotros no interferimos en las decisiones judiciales, la fiscalía tampoco debe hacerlo en las nuestras”, declaró.
Cuestionó además el propósito de insistir en un caso que, según ella, ya fue cerrado con un amplio respaldo multipartidario.
Respecto a las nuevas denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público contra Boluarte, la legisladora precisó que cada una será evaluada de manera individual por el equipo técnico de la subcomisión, integrado por expertos en derecho constitucional y penal.
La congresista negó que su bancada busque proteger a la mandataria, recordando que APP solo tiene dos representantes en la subcomisión. “Son más de treinta congresistas de distintas bancadas los que votan, no solo nosotros”, señaló.
Sobre un eventual viaje de Boluarte a Estados Unidos, Acuña indicó que no ha llegado una solicitud oficial al Congreso, pero respaldó la posibilidad de que la presidenta represente al Perú en el exterior si se confirma la invitación. “Ella es la jefa de Estado y debe representar al Perú”, afirmó.
Finalmente, desmintió tener conocimiento sobre un presunto pedido del Ejecutivo para aumentar el sueldo presidencial, enfatizando que tales decisiones deben basarse en criterios técnicos, no políticos.
