Ante un Gobierno que desea colapsar al Estado desde adentro
Las recientes acciones del Congreso evitan habilitar una futura disolución parlamentaria (artículo 134 CP), en caso de una censura al actual presidente del Consejo de Ministros, tras producirse una crisis total del gabinete (artículo 133 CP). Por ese motivo, a la oposición le queda preguntar, interpelar y exigir la responsabilidad política a los ministros de Estado en forma individual; también archivar proyectos de ley lesivos para la institucionalidad, presentar acusaciones constitucionales y aprobar leyes de desarrollo constitucional que impidan el arbitrario uso de los instrumentos que regulan las relaciones Ejecutivo-Legislativo. Por ejemplo, el irregular ejercicio de la cuestión de confianza por el Ejecutivo o interpretar su “fáctica” denegación. Sin embargo, la intención congresal de aprobar una vacancia presidencial parece esperar, tras dos intentos fallidos, a pesar de los graves indicios de corrupción desde el más alto nivel del poder ejecutivo.
La pregunta es cómo una representación tan fragmentada en el Legislativo, compuesta por una mayoría de parlamentarios sin experiencia en la arena política, carente de sentimiento de cuerpo, promotora de mociones sin coordinar con otras bancadas (fruto de individualismos mediáticos), puede producir una progresiva resistencia ante un Ejecutivo que solo busca “incendiar la pradera”. Precisamente, la posible respuesta yace en el escándalo que produce un Gobierno que desea colapsar al Estado desde adentro. Por eso, la indignidad alcanzada por un Ejecutivo con cuatro gabinetes en menos de un año de gobierno, parece ser el factor de cohesión para una mayoría congresal impensable el pasado julio de 2021.
El nombramiento con alta votación congresal que renovó a los seis magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido, los proyectos debatidos en comisión para reincorporar el bicameralismo, restablecer sus contrapesos y atenuar la judicialización de la política desde el Tribunal Constitucional por ausencia del Senado, además de regular los estándares para el acceso al cargo de ministro, son señales positivas en contextos de crisis institucional, económica, estallido de conflictos sociales y, principalmente, de orfandad política.
El problema es no saber qué se impondrá al final de la historia; por un lado, la suma de suficientes representantes indignados para decidir aprobar una vacancia por incapacidad moral permanente, que revierta las consecuencias de elegir para la presidencia a la “irresponsabilidad personalizada”, surgida de la convulsión social y política tras una vacancia presidencial anterior. Por otro lado, de no tomarse prontas decisiones, el colapso económico surgido por diez meses de desgobierno terminará por complicar la renovación de confianza de los ciudadanos en la democracia, como también de los inversores nacionales y extranjeros para un país todavía en vías de institucionalidad.
